COLUMNISTAS

Hemos visto cómo, este 21 de octubre, se le derrumbó, a Iván Cepeda Castro, la obra de su vida.

 Ver al expresidente Álvaro Uribe en la cárcel y condenado a largos años de prisión por delitos que nunca cometió, es la mayor ambición que ha tenido aquel en su inútil vida de senador comunista.

Antier, cuando supo que el Tribunal Superior de Bogotá había anulado la muy controvertida decisión en primera instancia de la juez Sandra Heredia, Iván Cepeda respondió:  la lucha continúa. Para él no se trata de obtener justicia sino de consumar una venganza. Y como el veredicto de apelación no le convino insultó al magistrado Manuel Antonio Merchán atribuyéndole el haber “ignorado pruebas” y “tergiversado testimonios”. Nada menos.

Gustavo Petro también acudió a la injuria violenta. Dijo que el Tribunal Superior de Bogotá es un aliado “del narcotráfico que desató el genocidio en Colombia”. Resultado: Petro recibió un torrente de protestas.  Francisco Barbosa, exfiscal general, le lanzó a la cara: “Usted es una persona sin dignidad, sin visa, llamado ‘líder del narcotráfico de Colombia’ por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y probablemente judicializado ante la justicia norteamericana al terminar su gobierno”.

Si alguien quiere ver cómo obran los comunistas ante la “justicia burguesa” ahí tienen una buena muestra: si ésta cede a sus falsedades, saludan al juez y aumentan su presión sobre él y sobre toda la rama judicial. Si los jueces rechazan los embustes mamertos y sus falsos “hechos” y “pruebas”, insultan a los magistrados, intrigan para que los destituyan y hasta los amenazan de muerte, como ocurrió con algunos jueces que investigaban la Farc-política en 2009, sin hablar de lo que hicieron en 1985 con la matanza del M-19 en el palacio de justicia de Bogotá.

Deducciones cojas e interpretaciones abusivas

 Esta vez, la conclusión a la que llegaron los fiscales que investigaron desde el comienzo el expediente contra Álvaro Uribe, coincide con lo hallado por el juez Merchán: no existen pruebas de que el expresidente hubiera cometido los delitos que trataba de endilgarle Iván Cepeda y que, por esa razón, esa demanda debe ser archivada o “precluida” como dicen los juristas. El expresidente, en consecuencia, no manipuló testigos ni engañó a la justicia, como pretendían Cepeda y Petro.

El hecho de que la brutal condena de primera instancia contra el expresidente Uribe nunca estuvo respaldada por pruebas sino por deducciones cojas e interpretaciones abusivas, es un hecho gravísimo que mancha a la justicia colombiana y que debe ser objeto de una investigación disciplinaria.

El demandante Cepeda también debería ser investigado por haber abusado de los tribunales y de las vías de derecho para obtener la muerte civil de un ciudadano inocente.

Iván Cepeda no fue siquiera original. Su montaje contra Álvaro Uribe fue una copia del “caso Tasmania”, un intento de derrocar al presidente Uribe Vélez mediante un falso testimonio. Ese asunto nunca fue dilucidado y sí archivado discretamente.  Recordemos: un ex paramilitar encarcelado, Orlando Moncada, a quien le habían prometido beneficios a cambio de mentirle a la justicia, se arrepintió y reveló todo a las autoridades.

Una verdadera conjura de largo aliento

No obstante, el presidente de la CSJ de la época, Julio César Valencia Copete, se negó a abrir la investigación y acusó al presidente Uribe de querer “obstruir la justicia” pues éste le había pedido que abriera los ojos sobre la existencia de un “trafico de testigos” y que investigara al instigador de eso. Cuando Valencia supo que el senador Gustavo Petro estaba detrás de esa aventura incumplió con su deber y buscó un pretexto para victimizar a Uribe. Finalmente, el complot contra el presidente se fue al suelo gracias a la espectacular Operación Jaque de liberación de 15 rehenes, en el Guaviare y sin disparar un tiro contra las Farc, el 2 de julio de 2008, que cubrió de elogios al jefe de Estado y a las Fuerzas Militares de Colombia.

Sin embargo, el odio contra Uribe no cesó: la conjura, con otros protagonistas e idéntica metodología, fue relanzada en 2012, como todo el mundo sabe.

Iván Cepeda anunció que interpondrá el recurso de casación para revivir la condena de la juez Heredia. Mal le irá. Él se equivoca al creer que la casación es otra instancia. La casación en Colombia, como en todo país civilizado, es un mecanismo extraordinario que revisa exclusivamente la correcta aplicación del derecho en una sentencia, sin volver sobre hechos o la valoración de pruebas.

Como explicó a un diario el jurista César Augusto Vargas: “Mientras en un recurso de apelación se pueden discutir pruebas, en el recurso de casación solo se puede discutir los yerros jurídicos o fácticos en que incurre la sentencia”.

La casación es un trámite particular mediante el cual una sentencia en firme, que no puede ser apelada, ni sometida a una instancia adicional, puede ser revocada o confirmada. Este procedimiento busca garantizar una aplicación estricta y justa de la ley, ya que examina si hubo o no una correcta aplicación de las normas jurídicas vigentes por parte de los jueces de segunda instancia.

La casación no constituye una tercera instancia ya que el fallador no tiene la plena jurisdicción que tienen los tribunales de primera y segunda instancia. Estos examinan tanto los hechos como las pruebas, los testimonios, los descargos y las normas de derecho que fueron aplicadas. Es decir, las dos instancias tienen el poder de juzgar hechos y derechos. La particularidad de la casación es que sólo se ocupa de ver la conformidad o no de la decisión atacada con las normas de derecho. La Corte Suprema, obrando como Corte de Casación, no deberá apreciar o valorar los hechos, ni podrá ordenar medidas de instrucción, ni examinar nuevas pruebas, ni reexaminar las pruebas que fueron sometidas al juez.  Su único objetivo es decidir si el fallo dictado por el tribunal en segunda instancia respetó o no la ley.

Un poco de historia

La casación fue un recurso actualizado durante la Revolución Francesa (en francés “casser” significa romper). Digo actualizar pues ese recurso tiene antecedentes remotos en la historia de Francia. En tiempos de l’Ancien Régime, recuerda Blandine Kriegel, “encontramos aspectos republicanos y elementos dispersos de Estado de derecho que no se impusieron de manera definitiva sino hasta los tiempos modernos”. Durante la tercera y última dinastía, los reyes capetos podían examinar y revocar las sentencias injustas de los prebostes y del Parlamento de París. Como un viejo principio decía que una norma sólo podía ser interpretada por su autor, el rey interpretaba sus ordenanzas y edictos.

Pero el monarca, pleno de ocupaciones de Estado, fue delegando esa facultad al Consejo del Rey y así éste y el Consejo de las Partes, pudieron examinar, en nombre del Rey, las decisiones judiciales dictadas por los Parlamentos.  El primer Tribunal de Casación propiamente dicho fue erigido en Francia en 1804. Hasta la ley del 22 de julio de 1947, el Tribunal de Casación seguía el procedimiento establecido por el reglamento de 1738.