COLUMNISTAS

No pudieron guardar su secreto ni una semana. La idea de ellos es dificultar o, peor, obstruir, la transición. Mas explícitamente: usar rehenes para arrancarle al presidente electo Iván Duque unas concesiones centrales sobre la llamada implementación de los acuerdos de La Habana, es decir, anular preventivamente toda acción del nuevo mandatario contra los aspectos más escandalosos del pacto anti colombiano.

Gustavo Petro, el derrotado del 17 de junio, había revelado ese mismo día una parte del plan al exigirle a Duque que “se separe” del expresidente Uribe, del ex procurador Ordóñez, del expresidente Pastrana y de los otros líderes de la coalición que le permitió ganar la elección presidencial. Petro y su clique quieren destruir la coalición que respalda a Duque y a Marta Lucía Ramírez. Lo dije en un artículo del 29 de junio (1) y lo digo ahora: quieren que Duque se suicide políticamente.

Pero, faltaban los detalles. Estos comenzaron a aparecer al final de la semana en textos y artículos de diferente origen.

El 20 de junio, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, lanzó la alerta en una red social: “Nos llega información de que la Corte Suprema [de Justicia] está preparando detención de Álvaro Uribe Vélez en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales. ¿Unión del cartel de falsos testigos y de la toga?”. Como la entidad citada solo desmintió a medias lo dicho por la senadora uribista y no negó que estuviera preparando una orden de captura contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, un analista, Héctor Riveros, reiteró: “la Sala Penal de la Corte Suprema ha imprimido el acelerador para avanzar en los casos de los aforados”. (2)

Explicación: La CSJ para poder detener a un expresidente de la República debe crear, con nueve magistrados, una nueva sala, la sala “de Instrucción de Aforados Constitucionales”, según lo exige el acto legislativo 01 de 2018. Pero esa sala no existe. Por eso Riveros dice que los adversarios del expresidente Uribe y, obviamente, del presidente electo Duque, están tratando de “acelerar” la integración de esa nueva sala.

Esa intriga transcurre en medio de un festival de duplicidad: el presidente saliente, JM Santos hace el juego de facilitarle al presidente electo los trámites del “empalme”, mientras otros afilan los cuchillos contra el expresidente Uribe. El único incidente (que muchos ni vieron) fue la declaración abusiva en la que Santos le dicta la línea de conducta a Iván Duque: “Esperaría que el ex presidente Uribe dejara gobernar al presidente electo sin interferencias.” Santos agregó que Duque debería ser “totalmente autónomo en sus decisiones y que nadie lo presione”. ¿Santos puede darle lecciones de “autonomía” al presidente entrante Iván Duque? ¿No capituló Santos, en toda la línea, ante los intereses de Cuba, de Chávez y de las Farc bajo la cubertura de un “proceso de paz”? Santos, en todo caso, con esa declaración, no hace sino reforzar la campaña de Petro: “Duque debe separarse de Uribe y de su coalición”. Los planes obstruccionistas avanzan pues bajo cuerda mientras en la superficie todo parece ir bien. Mientras discutimos lo del “empalme” y lo de la “consulta anticorrupción”. Esperan lograr dormirnos y alcanzar su objetivo antes del próximo 7 de agosto.

Hay una campaña de odio por cuenta de los fanáticos del antiuribismo, más enardecidos que nunca por el triunfo de Iván Duque y de la coalición uribista-conservadora. El que expresa con más ardor el deseo de venganza contra el ex presidente Uribe se llama Gonzalo Guillén. El editor del diario La Prensa, de Bogotá, acusa a Uribe de todo desde hace más de 30 años. Este 15 de mayo reincidió en su vieja obsesión mediante un artículo que no deja de ser sorprendente: “La Corte Suprema está obligada a arrestar a Álvaro Uribe Vélez, aseveran expertos” dice en el título.

Es un artículo alucinante (3). La revista Semana, donde escribe Guillén, no quiso publicar ese libelo, por buenas razones. Es un mensaje destinado a ejercer una presión pública sobre un magistrado de la CSJ, José Luis Barceló Camacho. El texto es, en última instancia, la orden que Gonzalo Guillén le envía al magistrado Barceló: usted debe ordenar el “arresto inmediato” del expresidente Uribe. Empero, Gonzalo Guillén es incapaz de decir allí quiénes son los “expertos” que afirman que la CSJ está “obligada” a arrestar al expresidente.

El artículo de Guillén es, en realidad, un tejido de alusiones sin soporte y de acusaciones sin fundamento, de rústicos artificios. Guillén cita, por ejemplo, fuentes y “expertos” anónimos (cuando no ficticios) y lanza amenazas explícitas (acusación por prevaricato y por omisión de denuncia) contra el magistrado Barceló, quien no se atreve, según él, a dictar un auto de detención contra el expresidente aunque esta convencido, dice’ Guillén, de que aquel ha cometido el delito de “asociación para delinquir”.

Gonzalo Guillén dice estar en posesión de “documentos firmados por el magistrado Barceló Camacho” y de “grabaciones legales” que hacen parte de la investigación de éste sobre el ex presidente Uribe. Todo eso es muy extraño. Barceló no podía pasarle a Guillén ni a la prensa, ni a ninguna otra persona, esa documentación sin violar las reglas del debido proceso. Y sin poner en peligro su misma pertenencia a la CSJ.

Las preguntas que salen tras la lectura del texto de Guillén son muchas. ¿Fue José Luis Barceló quien le dio los supuestos documentos a Guillén? ¿Hizo eso algún miembro del “grupo especial de investigadores” de Barceló? ¿Guillén recibió ilegalmente esos documentos del Tribunal Superior de Bogotá, el cual los habría recibido de Barceló? ¿O, simplemente, Guillen está mintiendo y no tiene documento alguno del expediente que controla Barceló?

En todo caso, la documentación que dice tener Guillén hace parte de la reserva del sumario. ¿Barceló le pasó copia de esa documentación para crear un fenómeno de presión psicológica sobre el ex presidente Uribe y para malograr la campaña electoral de Iván Duque y ahora, ante la ausencia de pruebas contra el ex mandatario, Barceló opta por la prudencia y Guillén, furioso por el no “arresto inmediato del involucrado”, lo presiona públicamente de esa manera? Guillén está perdiendo pie en ese asunto: concede que el magistrado Barceló ya no le contesta sus llamadas telefónicas.

Para completar su desfachatez, Guillén calumnia de paso a los miembros de la lista de candidatos para integrar la nueva sala de instrucción para el trámite de investigaciones contra aforados constitucionales. Dice que en esa lista de juristas “intervienen intereses de todo tipo que detienen, entorpecen y dilatan el proceso: desde políticos hasta del crimen organizado” y hasta “el cartel de la toga”.

Como si fuera poco, Guillén revela la actuación clandestina de un misterioso grupo extranjero “de inteligencia” que estaría intrigando en Colombia contra el ex presidente Uribe. Dice que esa “agencia de inteligencia” investiga “casos altamente sensibles”, y colabora con el magistrado Barceló. ¿Qué agencia es esa? ¿Cómo se llama? ¿De qué país es? ¿En virtud de qué acuerdo esa agencia de inteligencia opera en Colombia? ¿Por qué una tal agencia actúa de manera conspirativa contra un expresidente de Colombia? ¿Por qué la prensa no habla de las andanzas de esa banda? ¿Por qué la Fiscalía no le sale al paso a esa acusación? El nuevo gobierno tendrá que sacar ese asunto a la luz pública pues no es legal ni admisible que espías y operadores extranjeros se inmiscuyan en los asuntos de política interna de Colombia.

Lo de las “grabaciones legales” que Guillén evoca y ofrece en su artículo es pura fantasía. Allí se oye una conversación telefónica entre Álvaro Uribe y un amigo de él donde el primero le dice al segundo que sus adversarios están grabando ilegalmente sus conversaciones telefónicas. Eso es todo. ¿Qué hay de comprometedor en eso? Y las imágenes que dice tener ¿por qué no las muestra?

Gonzalo Guillén quiere que dos abogados del expresidente también sean capturados, aunque admite que “la CSJ no puede enjuiciarlos”. Colombia no ha adoptado todavía, en efecto, el código penal de Stalin que obligaba a los jueces comunistas a detener (y asesinar en algunos casos) no solo al sospechoso sino a toda su familia y a sus defensores.

Gonzalo Guillén es tristemente conocido por sus fullerías y falsas noticias, actos indignos de la profesión de periodista. Otros periodistas, víctimas de él, lo han acusado públicamente de “mentir y manipular la información” y de “transgredir los principios básicos del periodismo riguroso” (4) y (5).

La detención del ex presidente Uribe causaría un cataclismo en todo el país. Pues tal acto sería visto por los colombianos y en el exterior como lo que es: una gravísima injusticia, una venganza por el magnífico triunfo del uribismo en las elecciones legislativas y presidenciales de este año y como el resultado de una persecución política, no de un acto judicial legítimo. Álvaro Uribe es objeto de campañas de terror, de calumnias y de procesos artificiales urdidos por sus enemigos, el narco-terrorismo Farc y sus comparsas, desde hace más de 35 años, cuando las Farc asesinaron a su padre. Nunca lograron derrotarlo, ni encontraron una prueba contra él. Lo declararon “enemigo de la revolución” y lo han declarado “objetivo militar” desde entonces. Las intrigas de ahora ante la CSJ es un capítulo más de esa abyecta campaña.

El terrorista cuando se ve acorralado trata de capturar rehenes para convertirlos en escudos humanos. Es lo que vemos en este momento. Quieren usar al expresidente Uribe como rehén. Un expresidente detenido serviría de palanca de presión de sus enemigos para arrancarle al presidente electo Iván Duque concesiones sobre la aplicación de los acuerdos de La Habana. No creo que el presidente electo, ni la vicepresidente electa, se sometan a eso, ni acepten chantaje tan monstruoso. Ni el país ni el gobierno entrante pueden permitir eso. Héctor Riveros formula así la ficción que quieren crear los petristas: “El presidente electo tendría que escoger entre la lealtad a Uribe y el respeto a las decisiones judiciales”. Como si esas “decisiones judiciales” fueran legítimas y no el resultado de una confabulación para desbaratar la agenda del gobierno entrante.

En un país que se respete, esa maquinación (pues no estamos ante la marcha normal de la justicia sino ante una utilización política de un aparato judicial superior), sería respondida con un llamado a la opinión y con una gran manifestación de respaldo al ex presidente Álvaro Uribe. Como es una provocación política hay que darle una respuesta política masiva, con una demostración de fuerza en las calles y en todos los escenarios, incluyendo el parlamentario, el académico y el periodístico.

Hay que rechazar todo intento de frenar la posesión de Iván Duque. Un manotazo contra Uribe generaría una conmoción pública enorme la cual podría ser el pretexto para que Santos declare el estado de excepción. Hay que impedir que prospere esa manguala infernal entre el ejecutivo y el judicial.