COLUMNISTAS, ECONOMICAS

Cada día se genera más perplejidad en cuanto a las dinámicas propias del Congreso de la República y de pronto las sorpresas en torno a ellas. Resulta ser un hecho notorio que no existe “política legislativa” en nuestro país, por tanto, no resulta viable ni siquiera calificarla de incoherente, porque no existe y en tal calidad de inexistente no es posible de ser calificada. Diferente resulta el tema alrededor de la “política criminal”, que por virtud de la Ley 65 de 1993 y el Decreto 2055 de 2014, tiene constituido el Consejo Superior de Política Criminal, el cual al parecer solo se contrae al cumplimiento de una sola de sus funciones, la correspondiente a la presentación de conceptos previos  no vinculantes, los proyectos de ley y de actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal, los cuales cursen trámite en el Congreso de la República. Esta tarea la cumple, pero al parecer las otras si lo está haciendo, no tienen efectos en la realidad, porque el crimen se incrementa y el tema carcelario que está dentro de la óptica de sus deberes, sigue aumentándose como una carga estatal sin solución.

Volviendo al tema de la carencia total de política legislativa, es un hecho palpable en los proyectos de ley, donde a veces se cuelgan no solo micos, realmente orangutanes y eventualmente otros animales de las especies que perviven en este planeta y de las extintas. Basta con observar la misma Constitución Política, a la que han modificado a través de actos legislativos, la han llenado de remiendos mal pegados, tal como ocurre con los zapatos viejos colocando suelas con pegamentos de mala calidad. La más dolorosa “remonta” sin duda alguna fue la introducción del resumen de los Acuerdos de la Habana, tras desconocer el querer del constituyente primario hace justamente cuatro años, a través del Acto Legislativo No. 1 de 2016. Por ahí, algún experto internacional en constitucionalismo contemporáneo lapidariamente en un escrito anotó, que entre más palabras tenga una Carta Política, mayor es el grado de corrupción y extrapolando la anterior connotación, cuantas más leyes tenga un Estado, más alto el nivel de esta.

En otros quehaceres del legislativo nacional, el Congreso de la República, produce y reproduce normas, sin que exista una disciplina real de estudio que revele coherencia en las leyes, sin tener en cuenta las reales dinámicas sociales y económicas, sin estudiar conscientemente los efectos finales de las normas a corto, mediano y largo plazo. Esta conducta genera inestabilidad jurídica, no solo teóricamente, también en la práctica, produce mensajes negativos la mayoría de las veces, lo cual   se traduce en temas sensibles como la inversión en lo privado y público. A esto la suma de los Decretos generados por el Ejecutivo, producen choques y con ocasión de la pandemia, fueron tantos que, en los siete meses transcurridos desde marzo, no hubo lugar para leerlos y contextualizar los errores, algunos ya visibles por los paquidérmicos avances de la Corte Constitucional. En fin, en Colombia es tanta la proliferación de normas, que duramente afirmo en espacios académicos de posgrados que sufrimos de diarrea legislativa, sin tener por ahora la medicina adecuada para contenerla, lo cual indica en términos médicos que nos estamos deshidratando o mejor, el Estado colombiano ya lo está. Es hora de reflexionar sobre el fin de las leyes en este Estado Social de Derecho, para lograr la viabilidad estatal.

En los últimos días han surgido hondas preocupaciones por la presentación nuevamente de un proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y de Comercio por la Universidad Nacional. Contiene este, normas preocupantes en torno a la propiedad privada, que propiciarían un vuelco a la economía socialista. Ideológicamente la entidad universitaria refleja su sesgo político, en el trabajo académico con aspiraciones de concretarse en una nueva ley, el cual ha sido identificado de tiempo atrás no solo en sus estudiantes, también en los profesores y directivos. Curiosamente, todos esos pseudointelectuales, parece que ignoran las dinámicas que han sucedido hace varios años y se concretaron en mayo del presente 2020 en China, al salirse de ese modelo económico político anacrónico, probadamente ineficaz, propiciando un “socialismo de mercado”, al promulgar por primera vez un Código Civil facilitador aún más de la inversión extranjera, solo posible a partir de la propiedad privada. Pretender que el Estado patrocine todo, mantenga “igualitariamente” a toda la sociedad, sin generar dividendos, resulta ser un imposible categórico, al perseguir la propiedad privada, a partir de la cual se genera empresa, producción en cadena desde las bases sociales urbanas y rurales, ascendiendo en las escalas de especialización según las necesidades del mercado, empleados generadores de progreso y equilibrio, mas no subvencionados fracasados y mantenidos. Peligroso el proyecto, producido desde la visión teórica, totalmente antidemocrático, producto de una elite académica y por tanto de una minoría. Darle oxigeno es nuevamente concretar la tiranía de las minorías.

Leyendo ligeramente el proyecto, además se otorga protagonismo desmesurado a los jueces de la República, a quienes se aumentaría desproporcionadamente las competencias en materia de interpretación judicial, por la cantidad de términos gaseosos o poco concretos. Las subjetividades serían el abono para un gobierno de los jueces, mayor aún al que estamos experimentando con las Altas Cortes. Aunque lo nieguen, es un modelo propio del castrochavismo, ese que obligó a los administradores de justicia al país vecino a tomar determinaciones obligadas por el régimen, a través de interpretaciones traídas de los cabellos, lo cual sumió en bancarrota a la entonces rica Venezuela, tanto en lo público como en lo privado.

Una reforma de la naturaleza pretendida por la Universidad Nacional, no puede tener vocación en el Congreso de la República. Un proyecto de esta envergadura, además, debe ser objeto de estudio por otras entidades y organizaciones, no solo desde una parte del sector la academia, que porcentualmente es mínima. En primer lugar, Colombia cuenta con diversos entes universitarios públicos y privados, con departamentos especializados en Derecho Privado, que podrán aportar desde lo teórico, con calidad igual o superior que la Nacional. De otro lado, existen entes que asocian expertos desde lo práctico, como colegiaturas de litigantes, jueces y magistrados, gremios de producción, industriales, comerciantes, incluyendo las pymes, quienes desde la praxis pueden contribuir, para no incurrir nuevamente en el craso error de aplicar solo lo teórico, escindiendo lo práctico, que confluye en especulaciones concretadas en leyes, generando un desastre de proporciones claramente predecibles. Además, no pueden ser desconocidas las dinámicas del pensamiento jurídico latinoamericano, permeado por las ideologías caducas del socialismo, apostando con pensamiento en caliente por los sucesos producto de manipulaciones no necesariamente populares, sino populistas en grave detrimento del verdadero interés general. Asumir el modelo propuesto irresponsablemente, en esa producción legislativa por cuenta del Poder Legislativo, es tanto como entregar al Estado a la bancarrota total, pues sin poder generar empresa el sector privado en todas sus amplias posibilidades, no hay forma de ingreso de contribuciones para la operatividad y cumplimientos de los fines estatales. Espantar los capitales propios de los colombianos atemorizados que calladamente están emigrando y de los extranjeros, será el resultado final del proyecto enunciado.

El proyecto desconoce de contera los fenómenos propios de la globalización, donde países de oriente no han sido ajenos, bajo la percepción de cicatera de Colombia como una isla jurídica, una aldea perdida ajena a las dinámicas internacionales, no solo en materia de Derecho Privado, sino en ese cada vez más complejo mundo de las relaciones comerciales internacionales, insisto, teniendo como ideal a reproducir modelos comprobados como fallidos. Hacer un análisis extenso de ese proyecto añejo de ideología socialista, demanda mayor espacio, por lo que sugiero a los estudiosos remitirse al proyecto disponible en la web.

Por último, los Códigos Civil y de Comercio, han tenido los maquillajes suficientes a través de las respectivas revisiones en sede de constitucionalidad por la Corte Constitucional, desde el año 1991, por lo cual, el modelo de don Andrés Bello que también sobrevive en Chile, debe ser preservado, porque ha sido útil tanto práctica como teóricamente. El Congreso a cambio está en la obligación de reglamentar una buena parte de procesos de la sociedad colombiana, frente a los cuales subsisten preocupaciones, pues el intento de proyecto por cuenta de la Universidad Nacional, resulta ser totalmente antidemocrático, al representar un mínimo sector de la sociedad civil, tal como se advirtió anteriormente.