COLUMNISTAS

En un nuevo video, varios indígenas en el Cauca persiguen con machetes a unos soldados y tratan de desarmarlos. En otro episodio atacan unos fiscales y policías, los desarman y los secuestran. He perdido la cuenta de los ataques a autoridades por parte de indígenas. Dejaron de ser aislados y esporádicos y se han vuelto sistemáticos y recurrentes. Tres reflexiones:

Una, sobre el alcance de los derechos de las poblaciones indígenas y de su jurisdicción. Se desmadraron. Hay que recordar que los indígenas son, por encima de su condición étnica, colombianos, y que más allá de sus derechos como indígenas tienen también deberes como connacionales. No están por encima de la Constitución ni de la ley, normas que son el fundamento de su jurisdicción indígena. Esa jurisdicción solo se extiende a sus miembros y sus territorios, y no los cubre ni por fuera de ellos ni se extiende a los no indígenas. Por supuesto, tampoco los autoriza a allanar o destruir propiedad de los “ladinos”, ni a bloquear calles y autopistas, ni a atacar a miembros de la fuerza pública. No hay ninguna excusa para justificar esas conductas, muchas delictuales, ni ninguna razón para tolerarlas. Para parar esta escalada es indispensable una respuesta firme y controlada de soldados y policías, con uso moderado de la fuerza cuando se vea amenazada su vida o integridad física o la de terceros, y que la Fiscalía acuse penalmente a los responsables. Unas condenas puedan desestimular la comisión de nuevas agresiones. La impunidad de todos los anteriores solo ha traído como resultado más ataques. Es indispensable que la Corte Constitucional deje la ambigüedad y fije límites claros a su jurisprudencia sobre los derechos y territorios indígenas. Y es urgente demostrarles que sus derechos no están por encima de los de los demás.

Dos, muchos de esos ataques están relacionados con un propósito expansionista de sus territorios por parte de algunas poblaciones indígenas caucanas. Se escudan en un uso abusivo del concepto de “ancestralidad”, según la cual las tierras invadidas han sido tradicionalmente suyas. Más allá de que las vías de hecho son inaceptables y el ataque a terceros y a las autoridades constituyen delitos, es peligrosísima la idea subyacente según la cual los que fueron espacios geográficos de los indígenas durante la conquista y la colonia deben ser hoy de sus descendientes. Aunque hoy por hoy los indígenas constituyen una porción muy minoritaria de la población colombiana, apenas el 3.4%, controlan el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas. Las poblaciones negras, que son el 10.6% de los nacionales, poseen apenas un 4.5%. Y entre los demás colombianos, el 86%, tenemos apenas 45.4 millones de hectáreas, un 39.7% del total. Lo demás corresponde a áreas medio ambientalmente protegidas (11%) y el Estado (16.3%). Sin profundizar en las cifras, es evidente que, para describir gráficamente la situación, las poblaciones indígenas son, de lejos, los mayores poseedores de tierra en Colombia, los grandes terratenientes. No solo tienen muchísima, sino que no necesitan más. Las invasiones, hay que decirlo con toda claridad, no responden a necesidades económicas sino a unos propósitos políticos que van en contravía de la construcción de nación y de bien común. Y para poner el punto en el debate, en el caso del Cauca hay también intenciones de control territorial estratégico y de carácter económico. Muchos de esos territorios coinciden con narcocultivos. Y con presencia de grupos criminales.

Como he dicho antes, no son admisibles ni el menoscabo de la soberanía ni la parcelación de la aplicación de la Constitución. La jurisdicción indígena debe ser respetada pero no puede suponer la vulneración de los pilares fundamentales de la Constitución ni de los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado debe garantizar la propiedad de todos los habitantes. También la de los mestizos y blancos que vienen siendo atropellados.

Finalmente, los episodios ratifican la necesidad de recuperar el sentido de la autoridad, la urgencia de respaldar inequívocamente a nuestros fiscales, soldados y policías, y el desafío de sancionar con severidad los ataques de indígenas para evitar una aun mayor proliferación de los mismos.