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La Procuradora General de la República, Margarita Cabello, abrió investigaciones sobre varios congresistas por sus actuaciones durante los violentos disturbios que sacuden al país desde el pasado 31 de abril.

La indagación preliminar incluye los nombres de Alexander López, María José Pizarro, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Las averiguaciones sobre los tres últimos responden a quejas disciplinarias interpuestas por una veedora ciudadana quien pidió que se establezcan acciones pertinentes por el trato irregular de esos congresistas contra miembros de la Policía Nacional durante el debate que rechazó una “moción de censura” contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsado por un puñado de opositores. Así mismo, le abrió una investigación disciplinaria  al senador Wilson Arias, del partido Polo Democrático, por intervenir ilegalmente en un procedimiento policial en Cali, el pasado 30 abril. El proceso disciplinario contra Arias fue motivado por quejas ciudadanas.

Varios ciudadanos también piden sanciones para los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar por incitar, orientar y tratar de perennizar los actos vandálicos durante las llamadas “protestas” decretadas por un obscuro “comité” desde el 31 de abril pasado. Gustavo Bolívar, brazo derecho de Petro, ha llegado al extremo de organizar tómbolas, sin control institucional, para comprar cascos, guantes y posiblemente armas para los pistoleros farianos de la llamada “primera línea”  que atacan a la fuerza pública.

Miembros de la sociedad civil han pedido sanciones para varios alcaldes, en especial los de Bogotá, Cali y Medellín, por sus actitudes irresponsables frente a los disturbios subversivos que han sufrido esas ciudades.

La reforma del Código Disciplinario busca restituir a la Procuraduría General las facultades que tenía para sancionar, incluso con destitución o inhabilidad, a los funcionarios públicos que cometen faltas y delitos en el ejercicio de sus funciones.

Para resumir: la reforma pretende luchar contra la injerencia paralizante y pro impunidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que condenó al Estado colombiano, el 8 de julio de 2020, por haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro, alcalde en ese momento de Bogotá, por graves faltas cometidas en el desempeño de su función.

No extraña pues que los más interesados en que los alcaldes y congresistas no puedan ser sancionados, así hayan cometido delitos o faltado a sus deberes, son políticos que hacen ruido contra la decisión de Margarita Cabello. Entre esos detractores aparecen nombres como Angélica Lozano, Rodrigo Lara, Iván Name y José Daniel López. Ellos nunca aceptaron que Gustavo Petro fuera sancionado por los daños que le causó a Bogotá.

En cambio, la senadora Esperanza Andrade defiende la reforma. Recordó que más de 12 000 expedientes de elegidos podrían “quedar en el limbo” si no se moderniza el Código Disciplinario.

Otro tanto declaró el senador Fabio Amín, ponente de la enmienda. Recordó que las funciones jurisdiccionales que deben regresar “son constitucionales y fortalecen la función que debe desempeñar la Procuraduría”.

El anunció de que Margarita Cabello abrirá investigaciones a algunos congresistas por hechos relacionados con la ola de vandalismo en el país fue hecho antes de la apertura de la discusión en el Congreso del proyecto de ley 423 que buscar darle facultades a la Procuraduría General para fortalecer los poderes disciplinarios, especialmente contra los actores públicos de elección popular.

El proyecto de ley 423 se limita a tres puntos: 1.- facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales lo relacionado con el área disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad. 2.- división en las fases investigativas para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean atendidas por diferentes funcionarios y haya doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos la doble instancia. 3.- la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.

La reforma que preconiza la Procuradora General avanza: más del 90% de los artículos del proyecto fue aprobado por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en primer debate. Hay que mantener la vigilancia sobre ese tema y denunciar toda injerencia externa que vaya contra la reforma. No permitamos que un organismo cuestionado como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que llegará al país el 6 de junio para recabar embustes y montajes contra la fuerza pública por defender al país contra los vándalos,  intente robarle también a los congresistas el derecho a decidir libremente sobre la reforma del Código Disciplinario.