JUDICIALES

Barranquilla, 16 junio 2019.- La Fiscalía General de la Nación informó éste viernes que logró esclarecer seis nuevos casos de homicidios de defensores de derechos humanos. Con lo que se suman 167 casos resueltos de los 285 crímenes reportados por la Oficina de Naciones Unidas en el período 2016-2019. Logrando una efectividad del 58,60% de reportes recibidos, cifra récord en los últimos cuatro años, explicó el ente acusador en un informe entregado a los medios de comunicación.

Según un censo adelantado por la Delegada para la Seguridad Ciudadana se evidenció el avance en el proceso investigativo de 167 homicidios, de los 285 reportados por la Oficina de Naciones Unidas en el período 2016 – 2019. De los 167 casos referidos se han emitido 32 sentencias y 55 casos están en juicio. De la misma manera, 421 personas han sido vinculadas. De estas últimas 249 fueron cobijadas con medida de aseguramiento en cárcel. Se destaca la manera eficiente como los fiscales han logrado identificar y judicializar a los autores intelectuales de 51 homicidios.

Destacando igualmente con el informe los últimos 6 casos, y la celeridad con que fue resuelto el homicidio de Luis Joaquín Trujillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, municipio de Guacharaca en Santa Marta, Magdalena donde además se desempeñaba como participante de los semilleros de tierras liderados por la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la construcción de los planes de ordenamiento social de la propiedad.

Trujillo fue asesinado el pasado… logrando la Fiscalía en solo siete días, contados a partir de su asesinato, se logró la expedición y ejecución de dos órdenes de captura contra los presuntos determinadores.

Otro de los casos esclarecidos, es el asesinato de Gilberto Acosta Castro, líder de víctimas, representante legal y presidente de la Asociación de familias campesinas proveedoras de paz desplazadas por el conflicto interno en Colombia, Adespropaz. Caso en etapa de investigación con una persona imputada con medida privativa de la libertad.

Fredy Yesid Chisco García, líder comunitario, expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Rubí de Villavicencio Meta. Por este hecho se logró la captura de dos personas.

Víctor Hugo Martínez Barragán, líder de la Asociación Campesina en Cimitarra, Santander. Caso en etapa de indagación, esclarecido por la emisión de dos órdenes de captura.

Fernando José Oquendo Jaramillo, líder comunitario, conciliador y miembro de la Junta de Acción Comunal de Pascuita, vereda El Torrente del municipio de Ituango, Antioquia. Caso en etapa de indagación, esclarecido por la emisión de una orden de captura. Oquendo era familiar del presidente de esa organización, José Abraham García, asesinado diez días antes de su fallecimiento en esa misma zona.

Norberto Alonso Gutiérrez Ramírez, líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Envidia del municipio de Tarazá (Antioquia).

Según el Censo realizado por la Delegada para la Seguridad Ciudadana, y delictivo de la Fiscalía General de la Nación la clasificación por departamentos, reveló que Antioquia es el departamento con mayor número de homicidios de defensores de derechos humanos, con un registro de 42. En el área rural de este departamento se reportaron 26 crímenes y en el área urbana, 16.

Siguen, en su orden, Cauca, con 33 casos; Norte de Santander, con 31; Valle del Cauca, con 22; Nariño, con 16; Caquetá, con 14; Putumayo, con 13; Arauca y Meta, con 12 cada uno. En la lista aparecen Chocó y Risaralda con 10 casos cada uno; Cesar, con 8. Finalmente, Bogotá, Bolívar, Santander, Casanare y Atlántico reportan 5 casos cada uno. Con menos de cinco hechos violentos de esta categoría están: Magdalena, Caldas, La Guajira, Huila, Vichada, Quindío, Boyacá, Guaviare y Sucre.

Perfil de responsables y víctimas

Respecto al perfil de los responsables de los hechos, el análisis elaborado por los equipos de investigadores y fiscales determinó que 64 defensores de derechos humanos perecieron a manos de particulares conocidos con antelación por la víctima, 30 por acciones de grupos armados o bandas criminales, 20 por disidencias de Farc, 17 por el Clan del Golfo y 13 por el guerrilla del ELN.

Entre las víctimas de los homicidios y casos reportados que han sido esclarecidos, 60 eran líderes comunales, 35 líderes comunitarios, 24 líderes indígenas, 12 campesinos, 6 líderes sindicalistas, 7 líderes de víctimas, 5 líderes afrodescendientes y 5 líderes de población Lgbti, entre otros. Algunos de ellos participaban en programas de sustitución de cultivos o eran líderes ambientales.

En el informe se estableció que del total de homicidios reportados por Naciones Unidas, entre enero de 2016 y lo que va corrido de 2019, 245 son hombres, 32 mujeres y 8 personas pertenecen a la población Lgbti. El 84% de estos homicidios fueron perpetrados con arma de fuego y el 33% con arma cortopunzante.