AGRONOTAS

Estos incrementos en los avalúos catastrales rurales desconocen la realidad productiva del país.

Por lo anterior y el daño que se le está haciendo al sector rural, exigen ajustes progresivos, justos y acordes con el campo colombiano y que no se traslade el problema a alcaldes municipales.

Valledupar, 21 de abril de 2026.- La Junta Directiva de FEDEGÁN informó este martes, a raíz de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales con incrementos exorbitantes que no consultan la realidad productiva de la tierra ni las carencias que persisten en la ruralidad colombiana, hizo saber a través de un comunicado a la prensa, y a la opinión pública y, al gobierno nacional y a las autoridades locales que:

1- Rechaza los términos del Artículo 49 de la Ley 2294/2023, para actualizar de forma masiva, automática y por una sola vez, es decir, sin progresividad alguna, los avalúos catastrales rurales que, según el IGAC, tienen un rezago promedio de 15 años.

2- El rezago catastral no es imputable al ciudadano, sino al incumplimiento del Estado de una obligación legal: la Ley 14/1983. En consecuencia, la solución no puede perjudicar al ciudadano, sino considerar, como mínimo, una progresividad en el reajuste de los avalúos igual a los tiempos de incumplimiento por parte del Estado.

3- Aún con tan largos tiempos de omisión estatal, los porcentajes que arroja la metodología del IGAC en la Resolución No 1912/2024 son exorbitantes y ponen en tela de juicio dicha norma. Solicitamos, por lo tanto, una auditoría técnica y externa a la metodología desarrollada en la Resolución 1912 de 2024.

4- En consecuencia, al tiempo que rechazamos los porcentajes establecidos en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, consideramos que su aplicación debe ser suspendida en todo el país hasta tanto la metodología no sea auditada y ajustada a su realidad rural.

5- Exigimos que el ajuste a la metodología incluya el mandato del artículo 9º de la Ley 101 de 1993, según el cual los avalúos catastrales de los predios dedicados a la producción agropecuaria “no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.

6- Rechazamos las declaraciones del presidente de la República y del ministro del Interior en el sentido de que el objetivo del ajuste masivo es “que los ricos paguen impuesto”, pues no solo alimentan un discurso de odio, sino que, según el IGAC, el ajuste en 533 municipios –527 finalmente– afecta a 1.639.140 predios, de los cuales el 98,6 % son menores de 100 hectáreas. Es decir, que se grave la afectación en la clase media agropecuaria, pequeños productores y campesinos minifundistas.

7- Rechaza las declaraciones que pretenden trasladarle el problema a los alcaldes, pues la aplicación de tarifas entre los rangos autorizados es competencia de los concejos municipales. En cualquier caso, agradecemos la intervención de los alcaldes para una justa aplicación de tarifas.

8- Finalmente, rechaza también la intención de trasladarles las soluciones a los directores regionales del IGAC, como establece la Resolución 384 de 2026, pues claramente se trata de un problema de origen central que debe tener una sola solución central y no 22 negociaciones diferentes en todo el país. 

Firma, Carlos Luque Barriga, Presidente de la Junata Directiva de FEDEGÁN, y Jaime Rafael Daza Almendrales, Secretario de la misma.