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Barranquilla, 6 de noviembre de 2021.- Un tribunal federal de apelaciones de los Estados Unidos suspendió este sábado (06.11.2021) la obligación que había el presidente Joe Biden impuesto a los estadounidenses de vacunar a los empleados de empresas de más de 100 personas. La orden de Joe Biden queda con ello en el aire y nadie está obligado a cumplir su decreto mientras el Tribunal Federal examina posibles “graves problemas constitucionales”. Los “circuit courts” son cortes federales que rigen varios estados y de ahí para arriba solo queda la Corte Suprema.

Ya esta situación se la han venido advirtiendo unos 20 Fiscales de estado, además de Gobernadores y empresarios quienes no han acatado su decisión. Es así como el cuerpo de pilotos de varias aerolíneas se han negado a cumplir este ordenamiento, al igual que lo han hecho todos quienes tienen que ver con tema de cargas en contenedores en puertos lo que ha generado una situación de caos en la ciudadanía que entra y sale de un estado a otro, al igual que fuera de los Estados Unidos. Vuelos atrasados, cargas que no llegan a donde tienen que llegar, rebosamiento de contenedores, entre otros contratiempos.

Así también se han creado problemas en los cuerpos policiales, ejercito y seguridad, al igual que las agencias quienes tampoco han acatado ciegamente la orden de Joe Biden, lo que ha traído también que la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Estados Unidos haya dictaminado que los demandantes habían “dado argumentos que sugerían que existen graves problemas constitucionales y procesales” con el texto del gobierno. Por lo tanto, la medida queda “suspendida”, en espera de que el tribunal la examine.

Por lo anterior el presidente Joe Biden no podrá imponer procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y contrapesos que ofrece la constitución”, dijo el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, en un comunicado.

Volviendo atrás luego de anunciada a mediados de septiembre, adoptada esta semana por el gobierno e inmediatamente impugnada en los tribunales por al menos 27 estados del país. Esto supone un gran revés para Biden, quien acababa de lograr su primera gran victoria legislativa con la adopción en el Congreso el viernes de su plan de inversión en infraestructura.

Cabe recordar que también durante esta semana los demandantes de varías empresas habían logrado ampliar el plazo hasta el 5 de enero para exigir las vacunas COVID-19 al igual que fue lograda otra opción que es la de hacer cumplir las pruebas semanales a sus empleados, anunció la Casa Blanca en un mandato de emergencia el jueves. Quedando entonces el nuevo mandato de emergencia da las dos opciones: Prueba de vacunación o prueba semanal PCR.

Este mandato de prueba y vacuna COVID-19 ya enfrenta oposición y desafíos legales por parte de 24 fiscales generales que llamaron preventivamente el plan “desastroso y destructivo” y dijeron que la decisión es una “medida de salud pública controvertida a nivel nacional que solo incidentalmente concierne al lugar de trabajo”. “en una carta publicada en septiembre. También se espera que otras industrias presenten demandas para impugnar la implementación de la norma de emergencia.

Si los empleadores no siguen el estándar de emergencia, podrían enfrentar multas de hasta $ 14,000 por empleado, dijo un funcionario de la administración. Se utilizará un recuento simple de toda la empresa para determinar si los empleados tienen al menos 100 empleados, y los empleados que trabajan en varias ubicaciones se incluirán en el recuento.

La regla no dice quién asumirá el costo de la opción de prueba semanal, si el empleador o el empleado tendrán que pagar. Sin embargo, algunas otras reglas locales, estatales o federales pueden requerir que las empresas paguen por las pruebas para los empleados que están exentos del mandato de la vacuna. Lo que le bajó el ritmo a los ordenamientos de Biden a quien le tocó dar la opción a la gente entre vacunación o prueba semanal. Los contagios dentro de la Casa Blanca se han disparado entre gente vacunada pero solo publican aquellos que trabajan cerca al presidente.