COLUMNISTAS

El ser humano en tiempos del COVID, no solo se contrae a una enfermedad producto de un virus, sin que se entre al debate si es producto espontaneo o no de la naturaleza. Subyacen y emergen para “ojo buen cubero” problemas aún mas graves, que no se solucionan con una vacuna experimental o de “emergencia”, sino que comprometen políticas estatales y de la sociedad civil, no solo a corto o largo plazo y con un compromiso mayor de todo el entramado social, para ver si al fin como deseable en una sociedad sana, se logra la cacareada inmunidad de rebaño en los comportamientos básicos.

En primer lugar, han informado y sin mayor trascendencia, el incremento de la violencia intrafamiliar. La permanencia en el hogar incidió en el “florecimiento” de las violencias no solo físicas, también las inadvertidas psicológicas y por supuesto las morales, por lo cual el círculo vicioso no logra romperse, para lograr mejores comportamientos humanos en la sociedad. Los comportamientos se perpetúan y reflejan en todos los entornos, como las ondas que se producen al lanzar una pequeña piedra al centro de un acopio de agua reposada. Se trata de un principio de la física, que no solo se aplica al campo de la materia, además en la cotidianidad dentro y fuera del entorno doméstico. Lamentablemente no se experimentan programas que apunten pedagógica y prácticamente a cambios de comportamientos, mucho menos cuando el concepto de autoridad dentro del hogar se ha degradado tanto, produciendo la llamada “generación de cristal”, que todo lo exige, todo lo lloran, sin haber logrado merecimiento alguno, pues la indisciplina es su constante. Externamente la respuesta estatal es mínima, por un lado administrativamente, las comisarias de familia no cuentan con mecanismos suficientes de respuesta y en algunas muy desafortunadas ocasiones, los comisarios no están preparados intelectual ni emocionalmente para cumplir el objetivo de su tarea: no informan las rutas a seguir, concilian lo inconciliable, no remiten a los entes competentes como Fiscalía, las evidentes noticias criminales y en esa medida, ya es un hecho conocido, las violencias se concretan en accesos carnales abusivos en menores de edad, lesiones permanentes en mujeres, niños y adolescentes, finalizando con las muertes algunas publicitadas. Es ante estas últimas consecuencias, cuando los familiares denuncian ante los medios de difusión, la no respuesta estatal, pues incluso, cuando se acude a la Fiscalía, los casos se dejan guardados en cualquier gaveta física o virtual, sin ofrecer las respuestas que ameritan y urgen frente a esta clase de situaciones.

Corolario a lo anterior, basta recordar el caso bochornoso de un Comisario de Familia en la ciudad de Bucaramanga, algunos meses atrás, que optó por agredir a una quejosa en su propio despacho. El video rodó por las redes y curiosamente, incluso abogados de quienes se demanda más compromiso por el conocimiento de las leyes, no fueron pocos los que señalaron “que tanto habría jodido la señora, que le sacó la paciencia al comisario”. La violencia así, se justifica, se replica, se aplaude, consecuencia ineludible de las formas propias de la sociedad patriarcal y los juristas que tienen el compromiso frente a la sociedad, de enseñar lo que “política y jurídicamente” es correcto, no cumplen con su misión. Volviendo al “cariñoso” (porque te quiero, te aporreo) comisario de marras, esta es la hora en que se desconocen las consecuencias de su comportamiento.

De la mano con lo anterior, no solo en Colombia, en otras latitudes, incluso en países altamente desarrollados económicamente, pero al final de cuenta con comportamientos tan violentos como en cualquier país en vía de desarrollo o  “tercermundista”, el incremento de la violencia contra la mujer en cualquiera de las esferas de su desarrollo, también se disparó, siendo más reconocidas las cifras de feminicidios, tal como se denunció con ocasión del tan mentado “día de la mujer”, recordado año tras año, tras la muerte de mujeres obreras de una fábrica en New York  en 1908 y oficializado por la ONU desde 1975. ¿Pero conocer las crudas cifras es suficiente? Por supuesto que no. Esta certeza frente a una realidad cruda, debe reflejarse en políticas concretas, no en discursos grandilocuentes, o conmemoraciones inútiles. La urgencia en la articulación de tareas llama a todos los entes estatales en Colombia, a la sociedad en general, fin de ofrecer resultados en la prevención real de las violencias y ocurridas estas, las consecuencias a nivel judicial.

En Colombia, a instancias de la Ley 1257 de 2008, cuyo propósito, no fue solo sancionar las conductas violentas contra la mujer, además de prevención y no discriminación, amplio su espectro a la familia y, distribuyó competencias a diferentes órganos estatales nacionales y territoriales, tareas no cumplidas a cabalidad. A manera de ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le compete recopilar las estadísticas de feminicidios y tentativas de este delito, que reporta juiciosamente en sus boletines, pero existe una violencia permanente que subyace, que se percibe “normal” en clínicas y hospitales de todo el territorio nacional y es el tratamiento totalmente fuera de los parámetros de los derechos humanos en procesos de parto y postparto, no solo física, además en punto a daños psicológicos, convirtiendo la intervención médica en un verdadera práctica “obs-tétrica” (término acuñado en un trabajo de maestría de Viviana Valeria Vallana. 2016). En desarrollo de estos procesos, por falta de cumplir a cabalidad los protocolos aconsejados en la atención de parturientas en instituciones hospitalarias, algunas mujeres mueren, sus frutos también, pero pasan inadvertidas las rupturas y pérdidas de úteros, desatendiendo los derechos reproductivos de la mujer. El instituto en mención jamás informa, cuantas mujeres han perdido sus úteros y por falta de información no acuden a las instancias legales a reclamar por este daño irreparable. He aquí, este si es un derecho y no como cacarean frente al aborto, porque en tanto se encuentre tipificado en la ley penal colombiana como delito, jamás puede reclamarse como una libertad-derecho, sino como una circunstancia eximente de responsabilidad, acorde con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y para casos específicos.

Finalmente, continuando con los “tiempos de la pandemia”, que no encuentra la luz al final del túnel, dos casos igualmente graves, por un lado, las “avivatadas”, ese toque de mezcla morronga de ancestro indígena y pícara de los piratas y trúhanes que conquistaron y colonizaron estas latitudes, que han llenado los bolsillos de unos cuantos. Por el otro, para cerrar este escrito, el incremento de suicidios en personas maduras en todos los estratos sociales.

Para el primer caso, ya sabemos cómo se abultaron las arcas gracias al ingenio criollo, para producir geles “antibacteriales”, inocuos por supuesto para prevenir la contaminación a través de un “virus”, no de una “bacteria”. Ello facilitó además para que cuanto “guachimán” se apropiara de las entradas de muchos almacenes, supermercados, centros comerciales y sitios de acceso público en general, para hacer dote de sus arbitrariedades y dejar aflorar el complejo de autoridad imponiendo el uso del mazacote. Por otro lado, el “reciclaje” de tapabocas que fueron desechados en basureros, los cuales han sido comercializados a través del comercio informal. Los productos de desinfección de pisos y lavadas de llantas de carros no se quedaron, atrás, privilegiando a los negociantes. Así mismo, entre otros tópicos, la venta de medicinas que no corresponden al tratamiento adecuado ni autorizado para el COVID y toda la parafernalia con ocasión de la vacuna que ha prohijado el tráfico en el mercado negro o las aplicaciones aún no autorizadas a ciertos grupos poblacionales. Todo lo anterior generó según su variable, negocios pulposos a simple vista. Vergüenza nuevamente lo ocurrido en Floridablanca (Santander), donde en una reputada institución hospitalaria privada, hicieron gala del teatro de inoculación de la vacuna, pero gracias a que todo se estaba grabando, quedó la evidencia irrefutable del “teatro”, al menos de la encargada de cumplir esa tarea. Frente a lo anterior, no se requiere haber estudiado enfermería, para conocer principios básicos para cargar una jeringuilla y proceder a aplicar su contenido; “Dejémonos de vainas”, eso no fue un error humano, eso se llama picardía, se denomina mala fe, acá en el trópico, o en cualquier otra latitud. Esta práctica se inició en Brasil y se replicó acá en el mero Macondo, allá sancionaron de inmediato, acá en territorio de Ursula Iguaran, se justifica.

Por último, el tema de suicidios como se anuncia anteriormente, es preocupante. No se publicitan mucho, pasan de oreja caída. En grandes ciudades, en pueblos olvidados, se incrementan. Un abogado ingenioso señaló que no se le daba importancia, porque requería de política pública en salud mental, a través de personal capacitado en psicología y psiquiatría, lo cual significa mayor inversión, por lo cual el silenció cómplice resulta ser el paliativo engañoso, más no la solución. Mucho para pensar.

Todo lo anterior, son solo algunas aristas del lado negativo que se hace evidentes en tiempos de la pandemia, se asoman y retroceden para no ser percibidos en su justa dimensión; son los comportamientos de los seres humanos que, si repararan al menos en las sabias lecciones de la naturaleza, jamás incurrirían en ellos. El COVID, sacó lo bueno de muchos seres humanos, pero afloró en sus perversidades.