CONGRESO

Barranquilla, 23 de febrero de 2017.- Ante la Secretaría General del Senado, la Bancada del Centro Democrático radicó este jueves un Proyecto de Ley de iniciativa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María del Rosario Guerra, que busca fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país.

La iniciativa, basada en un estudio técnico, jurídico, social y ético de la problemática, señala que en Colombia la corrupción es un fenómeno cada vez más amenazante y más fuerte. Para confirmarlo se relacionaron importantes cifras: (i) En el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el país perdió 7 puestos, pasó del puesto 83 en 2015 al puesto 90 en 2016 (ii) En diciembre de 2016, la encuesta de Gallup e Invamer, mostraba que el 85% de los colombianos siente que la corrupción está empeorando en el país, mientras que en el año 2008 ese porcentaje era del 36%.  (iii) Según la ANDI, los sectores que han sido más afectados por la corrupción a nivel nacional son: salud (74,7%), aduanas (70,1%) e impuestos (58,6%).

El Proyecto de 15 artículos propone, entre otros puntos:

1. La creación del Registro de Agenda Pública (RAP) a cargo de la Procuraduría General de la Nación, donde los miembros de las Corporaciones de Elección Popular deberán registrar cualquier gestión que realicen (o gestionen mediante un tercero) ante el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal para la asignación de recursos a proyectos de inversión. El no cumplir con el registro será causal de pérdida de investidura.

2. Una mayor rigurosidad en adiciones a contratos de obra, por ello cualquier adición a un contrato de obra con recursos del Presupuesto General de la Nación, que supere el 10% del valor inicial deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y puesto para comentarios de los ciudadanos en el portal de contratación pública por al menos 15 días.

3. Muros de la corrupción. Se propone que condenados por actos de corrupción: (i)  Queden inhabilitados para ejercer labores de docencia, (ii) Hagan trabajo social en actividades con visibilidad pública portando prenda que diga “Trabajo por corrupto”, (iii) Sean publicados en espacios públicos llamados “Los muros de la corrupción”, y páginas de acceso de información del Estado.

4. Denunciar corrupción con pruebas debe ser premiado. Se proponen incentivos a la denuncia de actos de corrupción para las personas naturales o jurídicas que denuncien ante la autoridad competente delitos contra la administración pública, y colaboren con la entrega de información y de pruebas que demuestren ser idóneas para el proceso.

5. Combatir la corrupción debe ser prioridad. Se establece en el Proyecto que dentro de las investigaciones en curso en los entes de control, tendrán prioridad las investigaciones por corrupción.

6. Muerte política a los corruptos. Se amplía la inhabilidad para ser servidor público o contratista del Estado a aquellas personas, funcionarios o no, condenados por delitos relacionados con corrupción, afecten o no el patrimonio del Estado.

7. Los corruptos no tendrán beneficios penales: deben pagar su pena con toda severidad. Se prohíbe el otorgamiento de subrogados y beneficios penales a los condenados por corrupción. Además, se establece que la prescripción no operará en los delitos relacionados con corrupción.

8. Limitación de contratación directa a dos años, para los casos de urgencia manifiesta. El Proyecto establece que se permitirá la contratación directa hasta por máximo dos años desde el momento en que se configura la urgencia. Pasado ese tiempo toda contratación relacionada, tendrá que someterse a los demás modalidades que contempla la contratación estatal.