Desconozco cuántos han escuchado sobre la denominada “Guerra Jurídica” de las FARC y los grupos de izquierda contra el Estado colombiano; algo siempre presente en la historia del país pero que en años recientes ha tenido especial énfasis, una guerra que estamos perdiendo. Dos fallos recientes de las Altas Cortes colombianas permiten evidenciarlo:
Primero. El fallo de la Corte Constitucional que establece que la JEP es competente para estudiar los procesos penales de jefes Farc por casos de violencia y crímenes sexuales contra menores (que según la legislación internacional son crímenes de lesa humanidad) cometidos por ellos. Incluso determinó que el congreso no podía realizar las modificaciones que definieron que este tipo de crímenes deberían ser investigados por la justicia ordinaria. Con ese fallo además, la Corte cercenó la función legislativa del Congreso, algo inverosímil que solo sucede en Colombia.
Segundo. El fallo del Consejo de Estado con el cual condena al Estado por el atentado terrorista cometido por los criminales de las Farc en contra del club El Nogal, que generó 36 muertos y más de 200 heridos. Algo totalmente traído de los cabellos que nos deja ante una paradójica realidad: Mientras los que cometieron el atentado terrorista, con plena conciencia e intención de generar el mayor daño posible a la sociedad colombiana disfrutan del Congreso y todo tipo de privilegios; el Estado (o sea nuestros impuestos) terminarán pagando por ese atentado. Eso no lo entiende nadie.
Ambos fallos favorecen notoriamente a las Farc, además uno de ellos tiene como fondo el gran negocio que se ha vuelto demandar al Estado. Después de fallos de esta índole, donde declaran la responsabilidad del Estado por acción o por omisión, se abre la posibilidad de que entidades muy cercanas a las Farc (como algunos Colectivos de Abogados o determinadas Comisiones de Juristas, u otras ONG´s), presenten numerosas demandas ante órganos Derechos Humanos internacionales (como la CIDH) para obtener cuantiosas indemnizaciones que pagan nuestros impuestos.
El caso de Mapiripán es el ejemplo más contundente de cómo opera ese cruel y lucrativo negocio. El Estado fue condenado a pagar varios miles de millones de pesos por una masacre que no fue en las dimensiones que se mencionaba inicialmente; para ello necesitaban un General de la República preso y condenado. Dolorosa e injustamente el General Uscateguí sufrió ese atropello al ser condenado a 37 años de cárcel (estuvo preso mas de 13 años) por un delito que no cometió. Se demostró que varias de las supuestas víctimas ni siquiera estaban muertas, otras que eran guerrilleros activos de las Farc. Incluso condenaron personas que hicieron parte del fraude, pero el Colectivo de Abogados que las asesoró quedo impune, ni siquiera lo investigó la Fiscalía, todo indica que tampoco devolvieron el dinero recibido por la indemnización.
Ese negocio será peor para el país gracias a la Comisión de la Verdad creada por el acuerdo Santos Farc y liderada por el cura Francisco de Roux (de izquierda y admirador del ELN como él lo reconoce) y 10 izquierdistas más. Escribirán la nueva verdad de Colombia, la que sirve a sus intereses (los de Farc y sus aliados); su principal objetivo será demostrar que el Estado colombiano es masacrador y violador de D H, a partir de allí se generarán cuantiosas demandas con indemnizaciones jugosas que pagarán nuestros impuestos. Simultáneamente dirán que las Farc eran víctimas y hasta las tendremos que indemnizar. Así funcionan, “DEMANDAR AL ESTADO, ESE ES EL NEGOCIO, SOCIO”.
EL COLMO 1: Supongo que los promotores de la Consulta Anticorrupción presionaran a los congresistas de sus partidos que respalden las iniciativas del Presidente Duque contra ese flagelo. O lo de su lucha era sólo propaganda pro campaña? NO HAY DERECHO.
EL COLMO 2: Dice Jaime Castro: “ Está bien pedir cárcel sin rebajas ni privilegios para los corruptos, pero muchos de los que ahora lo proponen defendieron y defienden el acuerdo de paz de Santos que, en vez de cárcel, decreta penas meramente restrictivas de la libertad para autores de delitos de lesa humanidad”. NO HAY DERECHO.
EL COLMO 3: Revela la Fiscalía que Farc prohibía el homosexualismo. Será que defensores de DDHH y comunidad LGTB callarán ante esto como lo hicieron contra los delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc contra menores?. NO HAY DERECHO.