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“Mientras el Gobierno exhibe títulos de propiedad como trofeos sociales, en las regiones producir alimentos cuesta hasta más del 24%, la extorsión opera como un impuesto obligatorio y la tierra entregada sin seguridad queda bajo control criminal. No es reforma agraria: es una operación electoral rumbo a 2026 que reparte parcelas, pero transfiere soberanía y condena al campesino a la quiebra.”

A medida que el calendario electoral de 2026 se estrecha, el Gobierno ha acelerado una maratón de entrega de tierras que huele más a proselitismo que a política de Estado. Bajo la narrativa de la justicia social, se está consolidando un fenómeno de clientelismo agrario: titular hectáreas a toda prisa para fabricar “hechos políticos” en el corto plazo, mientras en la práctica el beneficiario recibe un título, pero hereda una quiebra técnica y un entorno dominado por la violencia.

La realidad del productor rural no se transforma con un papel sellado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hoy convertida en instrumento de cumplimiento político y no de planeación productiva. El campo colombiano enfrenta una tormenta perfecta donde la inseguridad y la asfixia de costos han pulverizado la rentabilidad. Mientras el discurso oficial celebra hectáreas “gestionadas”, en el surco de la tierra, producir un bulto de alimento se ha convertido en un acto de heroísmo financiero.

Los datos son demoledores y verificables. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), los costos laborales han registrado incrementos asfixiantes producto de la rigidez de las recientes reformas, con un impacto proyectado de hasta un 23% en la estructura de costos para quienes intentan mantener la formalidad, en un país donde más del 70% del empleo rural ya era informal antes de dichos cambios. El resultado es previsible: menos contratación, menor productividad y más presión sobre el productor.

Pero el dato más oscuro no aparece en las planillas del Ministerio de Trabajo, sino en los informes de seguridad rural. De acuerdo con los Frentes Solidarios de Fedegán, la victimización en el campo ha mutado hacia un esquema de control territorial, donde el abigeato, la extorsión y la invasión de predios son apenas síntomas de un desorden público estructural. El Estado no gobierna amplias zonas rurales; las administra el crimen organizado.

A este escenario se suma el “impuesto a la sombra”: la extorsión. Gremios de todas las orillas coinciden en el diagnóstico: la llamada “vacuna” ya forma parte obligatoria de la estructura de costos de producción. No es una percepción ni una exageración retórica; es un sistema tributario criminal que opera ante la mirada esquiva de un Gobierno más concentrado en las fotografías de entregas de tierras que en recuperar el control efectivo del territorio.

Las alertas son claras. Según advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y reportes de seguridad, la violencia ya amenaza el proceso electoral de 2026 en departamentos estratégicos como Cesar y Magdalena, donde el control social de grupos armados será el factor que determine quién puede mover su cosecha y quién puede votar libremente.

Aquí es donde la trampa electoral se hace evidente. El Gobierno entrega la tierra, pero no la seguridad, ni la infraestructura, ni las condiciones mínimas de rentabilidad. Entregar una parcela en una zona bajo dominio criminal equivale, en la práctica, a entregar un nuevo contribuyente para la ilegalidad. Sin vías terciarias transitables y con peajes ilegales que encarecen el transporte hasta en un 40% en zonas críticas, el título de propiedad deja de ser una oportunidad y se convierte en una condena a la subsistencia.

La oposición debe decirlo sin ambigüedades: esto no es una reforma agraria, es una operación de captura de votos rurales. Se reparten títulos para mostrar resultados inmediatos, ignorando que el agro se sostiene con seguridad jurídica, control territorial y rentabilidad, no con ideología ni propaganda.

El campesino colombiano no necesita discursos ni títulos simbólicos: necesita Estado. Todo lo demás —entregar tierra sin infraestructura productiva, sin monopolio de la fuerza, sin vías y sin protección— no es justicia social. Es propaganda. Y en 2026, el país deberá decidir si quiere un campo productivo o un campo utilizado como botín electoral.

@lacoutu