COLUMNISTAS

La extrema desfachatez con la que Juan Manuel Santos, una vez más, quiere imponerle al país abyecciones que sólo favorecen a los narcoterroristas de las Farc, demuestran que en la negociación fueron más allá de lo que realmente conocemos los colombianos.

Intereses oscuros y mafiosos se esconden detrás de la candidez de un aparente deseo inmaculado por lograr “el bien supremo de La Paz” y “poner a las víctimas en el
Centro del Acuerdo”.

Las 16 circunscripciones electorales de paz son un ejemplo palpable de la perfidia con que pasaron por encima de la voluntad del pueblo colombiano, para cumplirle todas las promesas a las farc.

Vendidas al público falsamente como “curules para las víctimas” (aplicando eficazmente la estrategia de inversión revolucionaria), no son otra cosa que espacios históricos donde la guerrilla gobernó y administró “justicia” ante la ausencia de Estado.

Estos territorios fueron copados por la fuerza pública con la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, pero tristemente hoy, llenos de cultivos de coca y de minería ilegal, son devueltos para el control territorial de grupos que utilizarán organizaciones sociales para fines ideológicos y políticos marxistas.

Las farc, como los elenos, son muy hábiles en crear muchas organizaciones para suplantar la voluntad individual y colectiva de las comunidades que viven en las regiones apartadas de Colombia. Acá activarán su dispositivo de organización de masas populares campesinas, Indígenas y afros para acceder al poder y usurpar la representación de territorios controlados en un pasado.

Santos, al ver que no logró las mayorías en el Congreso para su aprobación, ha querido obligar a la imposición de las enmascaradas curules, alterando incluso el resultado aritmético básico. Luego de reiteradas votaciones y después de estar legalmente hundida, puso el acelerador de conseguir que el Consejo de Estado, cooptado por sus intereses, emitiera «concepto favorable».

Que haya al menos un manto de duda sobre el resultado de las votaciones y el ejercicio de las mayorías en este proyecto de acto legislativo al interior del congreso, no solo desdice de la legitimidad del acto, sino además del trámite en sí; más aún cuando los propios funcionarios encargados de certificar la legalidad de los resultados, no los avalaron. Por lo tanto, son espurios.

Torcer la ley por la vía de la interpretación y en una clara usurpación de competencias, deja en evidencia la manipulación del gobierno en favor de las exigencias de las Farc y los oscuros intereses y acuerdos detrás de la negociación.

El abismo de destrucción institucional que Santos ha impuesto en Colombia, no tiene precedentes en toda nuestra historia de nación democrática. Cada una de las acciones emprendidas por quien ha cometido todos los atropellos, perpetrado todos los asaltos y protagonizado todos los episodios de corrupción posibles, sin que nada pase, es la barbarie política resumida en un solo hombre.

Ninguna ignorancia política puede ser venda en los ojos para desconocer los abusos de un sinvergüenza de la talla de Santos. El país debe impedir que termine de “blindar” los acuerdos para que la destrucción de Colombia sea ya un hecho irreversible. Ojalá no nos toque recoger las cenizas.