JUSTICIA

La senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes y excombatiente de las extintas FARC, enfrenta una investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia debido a las amenazas denunciadas, dirigidas a Sara Enit Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca Colombia. Esta organización representa a mujeres que, siendo menores de edad, niñas y adolescentes, fueron reclutadas y abusadas sexualmente durante el conflicto armado.

La denuncia, presentada en diciembre de 2024, alega que Ramírez habría intimidado a Morales en noviembre del mismo año, tras las declaraciones de esta última ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP sobre el reclutamiento forzado y abusos sexuales cometidos por miembros de las FARC. La gravedad de estas acusaciones contra la ex terroristas ahora congresista, genera serios cuestionamientos sobre el compromiso real de la izquierda enquistada en el gobierno con la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto.

Además de estas acusaciones, han surgido testimonios que señalan a la senadora de haber participado en el reclutamiento de menores y en abusos dentro de la guerrilla. Una mujer identificada como Deisy en entrevista en Caracol Radio afirmó haber sido reclutada a los 11 años y acusó a la compañera sentimental del cabecilla de esa guerrilla terrorista alias Tiro Fijo, de seleccionar niñas para ser abusadas por los guerrilleros. De confirmarse estos señalamientos, se estaría ante un caso emblemático de impunidad dentro del proceso de paz, en el que antiguos cabecillas de grupos armados han logrado reciclarse políticamente sin responder de manera efectiva por los crímenes cometidos.

Ante estas imputaciones, Ramírez ha negado categóricamente cualquier participación en actividades de reclutamiento forzado o abusos durante su tiempo en las FARC. Ha instado a que las pruebas sean presentadas ante la JEP y otras instancias judiciales pertinentes. Sin embargo, es precisamente la JEP la que ha sido ampliamente criticada por favorecer a los exguerrilleros con penas simbólicas y evitar que los casos más graves lleguen a la justicia ordinaria. ¿Es posible confiar en una entidad que, hasta el momento, ha mostrado una parcialidad evidente en sus fallos?

Estos eventos subrayan la complejidad del proceso de paz en Colombia y la importancia de abordar las denuncias de las víctimas con seriedad y respeto. No basta con discursos de reconciliación si la verdad sigue siendo esquiva y si los responsables de crímenes atroces se sientan en el Congreso sin haber cumplido una condena real. Es esencial que las instituciones judiciales realicen investigaciones exhaustivas y transparentes para garantizar la verdad y la justicia en el camino hacia la reconciliación nacional. Pero más allá de eso, es urgente que la sociedad colombiana no normalice que quienes ayer empuñaban las armas contra el pueblo, hoy legislen sin haber respondido por sus actos.

El caso de Sandra Ramírez es un reflejo de las contradicciones del acuerdo de paz y de la permisividad de un gobierno que parece más preocupado por blindar a sus aliados políticos que por garantizar justicia a las víctimas. Mientras los exguerrilleros continúan ejerciendo cargos de poder, muchas de sus víctimas siguen esperando una reparación digna y el reconocimiento de los crímenes cometidos. La impunidad sigue siendo el fantasma que ronda el proceso de paz y, con cada caso que queda en la sombra, la confianza en las instituciones se desmorona un poco más.