COLUMNISTAS

En el departamento de Sucre, lo que debía representar un avance en materia de seguridad vial se ha transformado en el símbolo de una gestión desconectada de la ciudadanía. La instalación repentina de cámaras de fotodetección en las vías que unen Sincelejo con Corozal y Sampués ha provocado una reacción de rechazo generalizado. No solo conductores, transportadores y comerciantes han expresado su malestar, sino también comunidades organizadas como los cabildos indígenas, que han denunciado públicamente tanto la forma como el fondo de esta decisión.

El punto más grave no es únicamente la ubicación de las cámaras (estratégicamente colocadas en zonas de alta circulación) sino el modo en que esta medida fue introducida: sin aviso previo, sin socialización con las comunidades, sin pedagogía ni señalización visible. Lo hicieron en Semana Santa, aprovechando el flujo constante de viajeros desprevenidos, como si se tratara de una emboscada institucional. El mensaje fue claro: “caen porque caen”.

Es importante recordar que no se trata de las primeras cámaras en funcionamiento en la región. Ya existen dispositivos de este tipo cerca de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal, junto a la planta embotelladora de Coca-Cola y a la salida hacia Los Palmitos. Sin embargo, estas nuevas instalaciones han encendido todas las alarmas por el secretismo con el que se ejecutaron.

El rechazo ciudadano se sustenta en una idea muy sencilla: no se oponen a la tecnología ni al control del tránsito, sino al irrespeto con el que se impuso la medida. En una democracia real, cualquier decisión que afecte directamente a la ciudadanía debe ser consultada, debatida y explicada. Lo ocurrido en Sucre fue todo lo contrario: una política pública implementada en la sombra, sin participación ni transparencia.

Además, la percepción de abuso se agrava al observar vehículos oficiales (recientemente asignados por la Gobernación de Sucre a la Secretaría de Tránsito Departamental) estacionados cerca de estos dispositivos. ¿Estamos ante una medida que busca proteger vidas o ante una estrategia para recaudar dinero a expensas de la ciudadanía? La sospecha no es infundada, especialmente cuando ni siquiera se han publicado cifras claras sobre accidentes en los puntos intervenidos, ni se ha demostrado la necesidad urgente de estas cámaras.

A esto se suma un problema de seguridad latente. En tramos como Sincelejo–Sampués y Sincelejo–Corozal, se han registrado robos y asaltos a conductores mediante tácticas como lanzar objetos a la vía o colocar obstáculos para obligar a los vehículos a detenerse. Con las cámaras, se fuerza a los conductores a frenar en zonas que podrían ser aprovechadas por delincuentes. La paradoja es evidente: una medida que debería proteger podría terminar exponiendo más a los ciudadanos.

Los cabildos indígenas han sido especialmente contundentes en su rechazo. Alegan que no se les consultó, que no se respetó su autonomía territorial ni se consideraron sus dinámicas culturales. Para ellos, esto no es solo una decisión técnica: es una falta de respeto a su dignidad colectiva. Y no están solos. Conductores locales y familias que transitan a diario también sienten que han sido sorprendidos en su buena fe.

Frases como “me fotomultaron sin saber” no son raras, y reflejan el sentimiento generalizado de desinformación. Lo que Sucre está viviendo no es una rebelión contra las normas, sino una exigencia de justicia y transparencia.

Ante esta situación, la exigencia es clara: que se suspenda de inmediato el funcionamiento de estas cámaras hasta que se realice un proceso abierto de socialización, se instalen señales visibles, se revise la pertinencia de los puntos seleccionados y se abra un verdadero espacio de diálogo con las comunidades afectadas. Porque sin legitimidad no hay autoridad, y sin confianza no puede haber seguridad.

La ciudadanía sucreña ha hablado, y no pide privilegios ni favores, sino algo básico: respeto. El respeto que se merece cualquier comunidad que quiere ser escuchada, no sorprendida.