AGRONOTAS, COLUMNISTAS

Comparto plenamente la política de formalización en que se encuentra empeñada el Presidente Iván Duque, es el instrumento para que el Estado pueda tener un real control sobre las diferentes actividades que se emprenden dentro de La Patria, el proceso de formalización debe implementarse en el País para hacer efectiva la operatividad fiscal expedita, con ello acceder a los recursos suficientes para atender los diferentes frentes de inversión en que debe participar el Estado. Dicho lo anterior es necesario analizar esta formalización en el Sector Rural.

Ha sido política franca del Gobierno apoyar de manera solidaria y reciproca los sectores productivos de la Sociedad en aras de proteger el Empleo y las Empresas así como ofrecer apoyos financieros a diferentes sectores de la producción, facilidades para el pago de nóminas, subsidio al 50% de las primas de empleados de 1 SMMLV, proyectos productivos en el Sector Agropecuario, Colombia Agro Produce, entre otros.

La realidad es tozuda, la informalidad rampante en el Sector Rural se ve reflejada en dos datos básicos, la tasa de desempleo Rural (Formal) 8.8 %,  por debajo de la tasa promedio nacional del 19.8%,  la ocupación informal y subempleo en el sector puede estar entre el 82% y 86 %, lo que  lleva a concluir la baja formalización del sector. Lo anterior conduce a explicar por qué los recursos y beneficios generados en razón de la Pandemia se quedan en Empresas Agroindustriales no irrigándose las oportunidades a los pequeños Empresarios del Campo, al respecto hay que decir que la calidad de Empresarios no se adquiere con una inscripción como tal, se adquiere por la actividad que desempeña en la sociedad. Una cosa es ser Empresario del Campo y otro bien diferente Comerciante, esta última si requiere inscripción en la Cámara de Comercio, el Empresario del Campo por lo general es Persona Natural, sus actividades son hacer producir la tierra en muchas ocasiones con sus propias manos, cumpliendo con el deber de generar ingresos para el sostenimiento de su familia y empleados, es quien produce los alimentos que no han faltado en casa de todos los connacionales.

Reciprocidad, así como ellos tienen la obligación de producir los alimentos para la nación, el Estado debe garantizar por lo menos la comercialización de estos con los instrumentos que estén a su alcance, igualmente facilitarle el acceso de manera amplia a todas y cada una de las oportunidades que se generan en apoyo del Sector Rural Agropecuario, pero la realidad muestra que estas no llegan a destino y quedan en manos de quienes no producen las materias primas para la transformación que llegan a nuestros hogares como productos terminados.

La construcción de las ayudas para el sector agropecuario se han elaborado de espaldas a la realidad fáctica de quienes trabajan la tierra, ellos lo hacen en su gran mayoría de manera informal, sea por falta de información, desconocimiento de la normatividad (no sirve de excusas), o física incapacidad económica para cumplir mínimos, en ese sentido es necesario hacer los ajustes a la normatividad para poder viabilizar acceder a las inmensas ventajas que el Gobierno Nacional está ofreciendo a quienes producen en el Sector Rural, si tenemos 48.5M de hectáreas legalizadas en el IGAC, titularizados 4.4M de Predios, este puede  ser el instrumento para acercar al empresario del campo a las ayudas directamente o mediante contratos de arrendamiento previamente verificados y certificados,  las empresas transformadoras agroindustriales son un eslabón de la cadena de valores, quizá las menos afectadas con la crisis, es allí donde se están quedando las ayudas sin que lleguen al destinatario inicial en la ruralidad, es hora de modificar, ajustar y flexibilizar los requisitos para acceder a la colaboración del Estado que tanta falta hace en estos momentos para garantizar la seguridad alimentaria permanente de la Nación.

“La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a mil millas del campo de maíz.” Dwight Eisenhower

Es ahora cuando se debe mostrar la solidaridad del Estado y sus gobernantes con los Empresarios del Campo Personas Paturales o Jurídicas que en razón de su falta de formalización  les es imposible acceder a las ayudas.