ECONOMICAS

La Asociación Colombiana de Minería expresó su preocupación por la iniciativa del Gobierno que limita la participación privada, prohíbe el carbón térmico y otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad minera.

Valledupar, 2 de octubre de 2025.- La Asociación Colombiana de Minería ACM, manifestó su rechazo al proyecto de ley “Minería para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, radicado por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.

De acuerdo con la agremiación, la iniciativa excluye la iniciativa privada del desarrollo futuro del sector, al establecer que la minería será adelantada principalmente por empresas estatales, permitiendo la participación de terceros únicamente cuando el Estado no pueda asumirla.

“Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la minería, que limita de manera significativa la libertad de empresa y propicia un monopolio estatal. De expedirse, el sector quedará sumido en una parálisis sin precedentes, dejando a los territorios expuestos a la minería ilegal y sus consecuencias sociales y ambientales”, manifestó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

La asociación advirtió que la propuesta multiplica las áreas de exclusión y restricción sin criterios técnicos claros, incluso en zonas hoy compatibles con la minería, lo que significaría una expropiación indirecta sobre títulos mineros vigentes. Además, incluye la prohibición absoluta de la exploración y explotación de carbón térmico, sin plan de sustitución ni evaluación de impactos fiscales, energéticos o laborales.

Nariño cuestionó que el Gobierno no haya presentado una hoja de ruta clara para la transición energética:“¿Cómo piensa sustituir los empleos y aportes del carbón, con los cuales se financia la Nación y los entes territoriales?”.

La ACM también alertó sobre la “peligrosa discrecionalidad” que la norma otorgaría a la autoridad minera para definir dónde y bajo qué condiciones se desarrollaría la actividad, así como la asignación de facultades al Ejecutivo que corresponden al Congreso, evadiendo el debate plural y democrático.

El gremio insistió en que la propuesta fue elaborada sin la participación efectiva del sector. Según Nariño, hace más de un año se entregaron observaciones técnicas y jurídicas que no fueron tenidas en cuenta ni discutidas en espacios de diálogo real.

La ACM hizo además un llamado al Congreso para analizar los impactos de la iniciativa y reiteró que Colombia necesita una política minera “moderna, equilibrada y sostenible”, que atraiga inversión, fortalezca la seguridad jurídica y garantice desarrollo territorial, en lugar de “cerrar las puertas a la minería responsable”.