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El presidente Gustavo Petro dice haber recibido un mensaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que ésta le pide a la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) que avance en el proceso de elección del nuevo fiscal sin “interferencias”. La revista Semana cayó esta vez en la trampa de Petro pues leyó mal el mensaje de la CIDH y adoptó el punto de vista (deformado) de Gustavo Petro al escribir: “A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el jefe de Estado publicó el pronunciamiento del alto tribunal internacional en el que pide a la Corte Suprema de Justicia que avance en el proceso de elección del nuevo fiscal sin “interferencias”.

Falso. Petro torció el mensaje de la CIDH. Lo que la CIDH dice en el comunicado de hoy 13 de febrero de 2024, es lo contrario. Lo de no crear “interferencias” se lo dice la CIDH, sin disimulo alguno, al gobierno de Gustavo Petro y por ende, aunque indirectamente, a los sindicatos Fecode y CUT y a los “colectivos” de agitadores armados de matracas y piedras que bloquearon, asediaron y amenazaron, todos ellos, a la CSJ –por no elegir ya mismo al fiscal que exige el presidente Petro–, durante las violentas manifestaciones en Bogotá del 8 de febrero pasado.

En su texto en X, Petro dio a entender que la recomendación de la CIDH apuntaba contra la CSJ, lo cual no aparece en el comunicado del organismo internacional. La frase exacta de la CIDH es esta: “Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias”. Que yo sepa, el poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la República, en ningún caso la CSJ.

En realidad, la CIDH exhorta al mandatario colombiano a “brindar las garantías” para que esa elección del Fiscal General ocurra en condiciones de “imparcialidad e institucionalidad”. El párrafo exacto es: “La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación”.

La CIDH tampoco está empujando ni exigiendo a la CSJ que elija ya mismo, y mucho menos en medio de tumultos provocados, como quiere Petro, al nuevo Fiscal General. Por el contrario, la CIDH entiende y acepta los argumentos de la CSJ sobre por qué no hay todavía luz verde sobre el nuevo Fiscal. La CIDH constata que esa elección no ha culminado “debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas” razón por la cual, “la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General”, Francisco Barbosa.

Sin embargo, el comunicado de la CIDH contiene varios errores que deben ser comentados.

La CIDH oculta, por ejemplo, que el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, desmintió a Gustavo Petro y declaró que el asalto del 8 de febrero “fue un hecho de agresión y violencia” contra la CSJ. La víspera, Petro había mentido cuando afirmó que los magistrados del Palacio de Justicia no habían sido secuestrados ni heridos y que tuvieron libertad para entrar y salir en todo momento del Palacio de Justicia de Bogotá, pero que por decisión de ellos mismos no abandonaron sus oficinas porque iban “a trabajar más”, versión que indignó a los operadores judiciales y a la opinión pública que fue testigo, gracias a los medios de información del país, de lo que había ocurrido. El presidente de la CSJ reiteró: “La Corte fue sitiada. Las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, periodistas y empleados que se encontraban ese día dentro de la corporación”.

Gran malestar crea el hecho de que el citado organismo internacional, que se permite dar recomendaciones a Colombia sobre sus problemas de gobierno y de justicia, omita de manera flagrante hechos contundentes, como el llamado del presidente de la CSJ a restaurar la verdad del 8 de febrero.

La CIDH también erró al interpretar la manera prudente y quizás lenta de la CSJ al abordar la tarea de elegir el fiscal general, con un intento de privar al país de un fiscal general. La CIDH incurrió en esa falta al hablar de una contraevidente “ausencia” permanente de fiscal general en Colombia.

Otra frase que muestra cómo los infundios del presidente Petro pueden ser adoptados acríticamente, es decir violando la neutralidad y el equilibrio que debe tener la CIDH frente a Colombia y frente a los demás países del continente americano que adhirieron a esa plataforma, es cuando esa Corte sugiere que la elección trascurre sin respetar ciertos criterios como los de “igualdad, no discriminación, formación y mérito”. Increíble. ¿Hasta qué punto la CIDH conoce de primera mano (y no por “revelaciones” de terceros interesados) lo que ocurre en Colombia?

Otra línea del comunicado de hoy 13 de febrero linda en el abuso de autoridad. La CIDH escribió: “La CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible”. La CIDH no tiene competencia para dictar a la justicia colombiana los ritmos ni fijarle calendarios precisos a la marcha de la justicia colombiana, sobre todo en materia tan grave como la elección del fiscal general, es decir del funcionario que debe dirigir, durante cuatro años, la Fiscalía General, es decir el organismo central dedicado a investigar los crímenes y delitos en Colombia y a ejercer la acción penal sobre los mismos.

Amigos de Semana: ustedes hacen un excelente trabajo periodístico al informar y explicar los desafueros del gobierno de Gustavo Petro, pero, excúsenme, han debido, en este caso, leer el comunicado de la CIDH y no solo el texto amañado del presidente Gustavo Petro en X.