COLUMNISTAS

Hace algunos meses escribí sobre el lucrativo negocio que se volvió demandar al Estado para acusarlo de todo tipo de circunstancias (pueden leerlo:  https://t.co/i37USJc2vG ), incluso las atrocidades cometidas por los narcoterroristas de las FARC y del ELN y que gracias a sentencias del Consejo de Estado se convertían en condenas que terminaban siendo pagados con nuestros impuestos. Si por alguna circunstancia en el mencionado tribunal no se obtienen las pretensiones de los demandantes tienen como alternativa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde igualmente es asiduo las condenas a Colombia que generan el pago de millonarias indemnizaciones.

Igual que con la absurda condena al Estado colombiano por el atentado terrorista cometido por las FARC al club El Nogal, en fallo reciente el Consejo de Estado condenó a pagar $300 mil millones a las víctimas del despiadado atentado con cilindros bomba ejecutado por los terroristas de las FARC en la iglesia de Bojayá que tantas muertes terribles ocasionó (entre ellas muchos niños indefenso).

Nuevamente la tesis del Consejo de Estado es que el gobierno no tomó las precauciones del caso para evitar la tragedia y condena a pagar esa cuantiosa suma a las víctimas. Habrá que ver realmente cuanto de ese dinero llega a las víctimas y cuánto queda en manos de los colectivos de abogados tan afines a la izquierda y a las propias FARC que se han lucrado con estas demandas. Bien lo dice la periodista Salud Hernández, es usual que en estos casos los abogados que llevan los casos cobren el 30% del monto de la condena; es decir, fácilmente $90.000 millones de pesos de nuestros impuestos quedarán en manos de ese tipo de grupos de abogados.

Lo más absurdo y paradójico de esta nueva condena es que al igual que con la del Club el Nogal quienes idearon, planearon y ejecutaron el atroz atentado terrorista en Bojayá y por ende los únicos responsables de tan crueles actos (considerados crímenes de lesa humanidad), es decir, los narcoterroristas de las FARC no van a pagar un solo peso. Para ellos no existe responsabilidad alguna, no tendrán que indemnizar a las víctimas y no tendrán que sacar un centavo de sus millonarios recursos para ese propósito gracias al acuerdo Santos – FARC (que el Pueblo Soberano rechazó) todo es impunidad y no solo eso, recibieron premios y todo tipo de privilegios ya que en ninguna parte del documento firmado quedó contemplado y asegurado que deberían entregar sus cuantiosas fortunas para indemnizar a las víctimas. Por supuesto en la JEP, el tribunal creado por ellos y para su total beneficio, tampoco habrá exigencia para que indemnicen económicamente a sus víctimas.

La nueva condena dejará el gobierno sin otros $300.000 millones para atender tantas y tan disimiles necesidades a lo largo y ancho del territorio nacional toda vez que se debe atender lo contemplado en la condena y proceder al pago de las indemnizaciones no sin antes recordar que ese dinero sale de nuestros impuestos mientras las FARC disfrutan de la fortuna que el señor Juan Manuel Santos les ayudó a lavar gracias al acuerdo firmado entre socios.

Se hace urgente una modificación de fondo a la justicia colombiana y en especial a las Altas Cortes, se nota en todas ellas un sesgo político en favor de la izquierda y de los grupos narcoterroristas a quienes siempre están favoreciendo con sus fallos en contra de los intereses de la nación. No es justo que al pueblo colombiano le exigen mayores aportes vía impuestos para atender estas  desproporcionadas condenas mientras a los verdaderos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad siguen dichosos en el Congreso, saben que sus billonarias fortunas quedaron intactas.

EL COLMO 1: A raíz de retiro de la visa americana a varios magistrados se habla de intromisión indebida; pero no dicen nada que Juan Manuel Santos, gran promotor de los cultivos de coca, almuerce con los magistrados que estudian el tema de la fumigación aérea, menos que haya colocado allí al Magistrado Lizarazo (uno de los comensales), quien fuera además contratista defensor del acuerdo de la Habana y ahora nombrado ponente para estudiar el tema de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.  NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: En septiembre de 2017 el Embajador de Estados Unidos dijo que su país pediría en extradición a quien conspire para evitar extraditar narcos. Los Magistrados a quienes esta semana les quitaron la visa han tenido injerencia para que algunos narcos no sean extraditados. No debería haber sorpresa. Pensar que la JEP abiertamente hace todo lo posible para evitar que extraditen a alias Jesús Santrich.  NO HAY DERECHO.