Barranquilla, 26 de octubre de 2026.- La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República -Dirección General Administrativa-, el Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre-, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud, por hechos relacionados con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, presentados en la suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios y conexos.
El órgano de control inició la indagación a partir de información pública conocida a través de medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, que señalaron que las víctimas de esas aparentes conductas habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, “siendo la verdadera razón de su contratación, otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público”.
Con esta actuación disciplinaria, la Procuraduría busca individualizar a los presuntos disciplinados y concretar las conductas objeto de la indagación. Igualmente, se busca verificar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en la circular 006 del 10 de septiembre de 2025, referentes a la violencia de género.
Entre otras pruebas, la Procuraduría requirió a las entidades objeto de la indagación una relación de las mujeres vinculadas a través de contrato de prestación de servicios desde el año 2019 a la fecha.