CONGRESO, GOBIERNO

Valledupar, 15 de octubre de 2026.-

Gobierno radicó Ley Anti-Mermelada, No obstante que la ley 5ta es clara: Los parlamentarios solo están para hacer leyes y control político

El proyecto cambia 4 artículos de la Constitución, crea un registro público para que cualquier ciudadano sepa qué pide cada congresista y reglamenta por primera vez el lobby. Si ocultan intereses, perderán la curul.

La palabra “mermelada”, que durante décadas ha sido sinónimo de acuerdos oscuros en el Capitolio, podría tener los días contados.

En la mañana de este jueves 15 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, radicó ante el Congreso el acto legislativo al que le han dado el nombre de Ley Anti-Mermelada, supuesto “proyecto estrella” del gobierno de Abelardo De La Espriella para sanear la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“La regla de este gobierno es la transparencia. La mermelada es lo oculto: es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, es la llamada que no queda registrada, la reunión que no tiene acta y el favor que se cobra en una votación”, dijo Lara al presentar la iniciativa.

¿En qué consiste?

No es una ley ordinaria. Es una reforma constitucional que modifica los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución, por lo que deberá pasar por ocho debates en dos vueltas en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.

Su idea central es sencilla: lo que hoy se hace por debajo de la mesa, que se haga supuestamente por encima y a la vista de todos.

Estos son los 4 cambios clave:

1. Proyectos a la luz pública: Por primera vez, cualquier congresista podrá postular oficialmente proyectos de inversión para sus municipios y departamentos, hospitales, carreteras, acueductos, para que el Gobierno los incluya en el Presupuesto General de la Nación o los financie con fondos especiales. Pero cada postulación deberá quedar en un registro público que cualquier colombiano podrá consultar: quién pidió qué, para dónde y cuándo.

2. Frontera entre pedir y contratar: El congresista podrá gestionar, pero no podrá tocar la contratación. Queda prohibido que intervenga en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos que se deriven de esos proyectos. Con esto supuestamente se acaba el “yo pongo la obra y pongo el contratista”.

3. Fin a la ambigüedad del conflicto de interés: Solo habrá conflicto obligatorio cuando exista un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge, familiares en los grados de ley o sus socios. En cambio, defender a un sector económico que lo financió legalmente, si lo declara, no será causal para quitarle la investidura. Se distingue entre el conflicto maligno y el benigno.

4. Reglamentación del lobby y castigo duro: El proyecto reglamenta por primera vez el cabildeo en Colombia. Un bananero del Magdalena, un floricultor de la Sabana o un cafetero podrá financiar a un congresista para que defienda a su sector, pero eso deberá quedar registrado públicamente. Si el congresista oculta información en su declaración de intereses, la sanción es la pérdida de investidura.

Lara enfatizó en que: “Mermelada es lo oculto; lo que se hace por encima de la mesa es desarrollo. Vamos a crear la postulación de proyectos de inversión regional por parte de los congresistas para que todos lo puedan hacer por encima de la mesa y sin temor a represalias”.

Con esta reforma, el Gobierno busca que la gestión regional de los congresistas deje de ser vista como un delito y se convierta en su función legítima, pero transparente y vigilada por la ciudadanía.