COLUMNISTAS

De: Colombianews

Representantes de tres movimientos de extrema izquierda —Pacto Histórico, Alianza Verde y Circunscripciones de Paz— redactaron una moción de censura contra el ministro de Defensa, general retirado Jorge Eduardo Mora. La iniciativa se refiere a la operación militar realizada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, en la que fueron abatidos 11 guerrilleros armados. Según los autores de la moción y Medicina Legal, tres de los fallecidos eran menores de edad.

 Detalles de la operación militar

La operación estuvo dirigida contra campamentos utilizados por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las FARC. El presidente Abelardo de la Espriella informó que, además de las bajas, las autoridades incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia. Horas después el ministerio de Defensa dio un informe más completo: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero y ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Entre los abatidos estaría alias “Urías Perdomo”, un  hombre de confianza del jefe terrorista alias Calarcá.

 Entre los congresistas que respaldan la campaña contra el general Mora figuran David Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Ana Leidy Erazo, Daniel Mauricio Monroy, Paola Andrea Quiñones, La1ura Isabel Vera, Heiner Gaitán, Santiago Osorio, entre otros congresistas.

Argumentos de los promotores

Ellos sugieren que la acción militar ha debido ser suspendida hasta saber exactamente si había o no en el campamento de las FARC combatientes menores de edad. “La responsabilidad criminal por reclutar menores corresponde, naturalmente, a quienes los reclutan”, dijeron los agentes del Pacto Histórico, antes de decir lo contrario: que el Estado colombiano está en la obligación de “planear y ejecutar una operación militar” solo en “escenarios” donde no se encuentren “menores reclutados”.

Esa doctrina es la que ha reforzado durante años la táctica criminal de las formaciones terroristas de secuestrar y reclutar menores de edad para obligar a las fuerzas del Estado a paralizar o aplazar sus operaciones defensivas.

Críticas a la posición del Pacto Histórico

Los críticos del Pacto Histórico consideran hipócrita la campaña contra el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa. Señalan que esas mismas facciones no promovieron mociones de protesta durante los últimos cuatro años contra Gustavo Petro y sus ministros de Defensa, a pesar de que, en ese periodo, Petro ordenó ejecutar acciones militares en las que la fuerza pública dio de baja no a 3 sino a 62 combatientes menores de edad.

El Pacto Histórico pretende sancionar al nuevo ministro de Defensa por la “planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados”. Los representantes le reprochan al ministro no haber explicado con claridad qué conocimiento tenía sobre la presencia de menores en la zona de la operación.

En lugar de criticar al Ejército, los representantes petristas deberían centrar sus denuncias contra los jefes guerrilleros por el reclutamiento de menores, utilizados como escudos humanos y como combatientes armados, actos considerados por la legislación como crímenes de guerra. En cambio, cuestionan la falta de explicaciones del general Mora sobre las precauciones difíciles de establecer para proteger a los menores combatientes y sobre la existencia de alternativas operacionales.

 Dos asuntos sensibles

La controversia deja en el centro del debate dos asuntos sensibles: la responsabilidad del Estado en la planeación de operaciones militares y la obligación de los grupos armados de no reclutar ni exponer a menores de edad en sus atentados criminales ni en sus campamentos. La discusión política continuará ahora en el Congreso, donde la moción de censura deberá seguir su trámite.

Esta no sería la primera vez que sectores de extrema izquierda intentan utilizar el poder legislativo para favorecer indirectamente a estructuras armadas ilegales. La pregunta obvia es: ¿el nuevo gobierno responderá con firmeza a dichas tácticas subversivas y otras desviaciones del juego parlamentario?