JUSTICIA, POLITICA

Barranquilla, 21 de abril de 2026.- El partido Centro Democrático delegó a los congresistas María Angélica Guerra, José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, junto al abogado Víctor Mosquera, para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, un informe que advierte sobre la crisis estructural que amenaza la integridad del proceso electoral en Colombia para 2025-2026.

El documento, elaborado por el Partido Centro Democrático con el respaldo técnico de la firma Víctor Mosquera
Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, expone un escenario marcado por la convergencia de violencia política, control territorial de grupos armados ilegales, economías ilícitas y desinformación, factores que comprometen la libertad del voto, la participación política y la transparencia democrática.

Según el informe, por lo menos 339 municipios se encuentran bajo influencia de estructuras criminales como disidencias de las FARC, ELN y AGC, mientras el riesgo extremo por fraude electoral y violencia aumentó significativamente de cara a 2026. Asimismo, se documentaron 174 violaciones de derechos humanos con fines electorales en apenas ocho meses de 2025.

La delegación alertó sobre una preocupante correlación en 126 municipios afectados por el conflicto armado, donde se concentra más del 54% de la votación del Pacto Histórico, lo que -según se expuso- podría evidenciar la incidencia del control territorial ilegal en los resultados políticos.

En materia de seguridad, el informe demuestra el recrudecimiento de la violencia contra la oposición: 17 homicidios, 53 intentos de asesinato y 89 amenazas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Se destacó como hecho más grave el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como las recientes amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, ambas figuras del Centro Democrático.

Adicionalmente, se denunció la existencia de estrategias de desinformación, estigmatización digital y uso indebido de recursos públicos para influir en la opinión, así como restricciones al acceso equitativo a medios de comunicación, lo que profundiza la desigualdad entre el Gobierno y la oposición en el escenario electoral.
Los congresistas hicieron un llamado a la comunidad internacional para ejercer vigilancia activa sobre el proceso
electoral colombiano y garantizar condiciones reales de equidad, seguridad y transparencia. Advirtieron que la
falta de una respuesta institucional efectiva frente a estos riesgos podría derivar en una grave crisis de
legitimidad democrática.

Finalmente, reiteraron la urgencia de adoptar medidas estructurales que protejan la vida de los actores políticos,
aseguren la libre competencia electoral y preserven el orden constitucional en Colombia.