COLUMNISTAS

“No están quitando la tierra: están cambiando las reglas para que sostenerla sea cada vez más difícil.”

Durante años, Colombia discutió el conflicto agrario como una pelea física por la tierra. Ese debate quedó atrás. Hoy el país entró en una fase mucho más compleja y peligrosa: El verdadero conflicto ya no es por la propiedad rural, sino por la inestabilidad de las reglas que la gobiernan.

Y esto no es una opinión; es un hecho jurídico.

La Corte Constitucional ha trazado una línea roja:

La administración no puede sustituir las garantías judiciales cuando se trata de afectar derechos de propiedad. En el contexto de la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, ha reiterado que los conflictos estructurales sobre tenencia y acceso exigen control judicial efectivo y no pueden resolverse exclusivamente por vía administrativa.

Traducido al lenguaje del campo:

Una resolución de escritorio no basta para cambiar la realidad jurídica de un predio.

Esa advertencia es crucial mientras la reforma agraria sigue apoyándose, en gran medida, en instrumentos administrativos. La Corte pone límites; la realidad en territorio avanza por otro carril.

Tras las protestas de abril de 2026, el Gobierno del presidente Petro, firmó acuerdos para “revisar” los incrementos catastrales. Pero con un detalle que no puede pasar desapercibido: no se suspenden las actualizaciones.

El modelo sigue rodando mientras se “revisa”, trasladando el costo de los errores de política al productor rural.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sólo jurídica y entra en lo esencial: la seguridad alimentaria del país.

 Cuando el catastro multipropósito se aplica sin una realidad económica que lo respalde, con avalúos que en muchos casos han subido de hasta 500% y más en muchos casos, el productor rural queda atrapado en una ecuación de supervivencia que desarma cualquier proyecto productivo:

Incertidumbre operativa: si no sabe cuál será su carga fiscal el próximo ciclo, es imposible invertir en tecnificación o en cultivos de mediano plazo.

Desincentivo a la producción: ante una carga tributaria que erosiona la rentabilidad, la decisión racional no es crecer, sino reducir.

Riesgo de desabastecimiento: un productor que vive bajo incertidumbre jurídica y fiscal termina saliendo del sistema. Y un país que desincentiva su campo termina en abierta inseguridad alimentaria, dependiendo de mercados externos.

Lo que estamos viendo no es una expropiación directa, que sería jurídicamente atacable.

Es un mecanismo silencioso de desmonte de la propiedad rural.

Las reglas cambian. La incertidumbre crece. La inversión se frena.

Los acuerdos firmados tras las protestas reconocen que algo no está funcionando, pero no corrigen el problema de fondo. Apagan el incendio con mesas técnicas mientras dejan intacto el mecanismo que lo originó.

 Colombia ya no enfrenta un nuevo conflicto por la tierra.

Está entrando en una crisis de confianza.

Y la confianza no se decreta.

Porque cuando un productor no sabe a qué atenerse, no deja de producir por falta de tierra.

Deja de producir por falta de certeza.

Un país que pierde la certeza en su campo no solo pierde productividad:

empieza a perder su soberanía alimentaria sin darse cuenta.

Este no es un debate técnico. Es un debate de país.

Por eso, liderazgos como los de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, están llamados a poner este tema en el centro de la agenda pública.

Porque si Colombia no corrige a tiempo las reglas del campo, no habrá reforma agraria que alcance… ni seguridad alimentaria que resista.

@lacoutu

Pd. Las heridas que más demoran en cicatrizar son las causadas entre hermanos. Ojo pues.