
Valledupar, 12 de enero de 2026.- El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que se suspendió el traslado a Barranquilla de los cabecillas de la banda ‘los pepes’, Digno Palomino; y de ‘los costeños’, alias ‘castor’. “Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”, escribió. La información la ofreció al cuestionar al alcalde Alejandro Char, quien rechazó el traslado por considerarlo un premio a los jefes delictivos. “Alcalde no tergiverse: aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”, comentó.
Sin embargo es necesario destacar que el rechazo al traslado de los cabecillas criminales fue unánime, la ciudadanía al unísono, izquierda y derecha, petristas y no petristas, charistas, y gente de todos los partidos y estratos sociales rechazaron la brillante oferta del gobierno de extrema izquierda.
Es así como el Ministro de Justicia le responde al alcalde Alejandro Char textualmente “no tergiverse: aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener. El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida”, esto según el punto de vista del régimen.
Añade el ministro que “El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023. Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia”.
En este mismo sentido argumenta entonces que “El Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos. Por favor respóndale a los barranquilleros: ¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y que controla Alcaldía de Barranquilla”.
Afirma el ministro Idárraga que ese dinero “Es casi la mitad del recaudo del departamento, y con esa plata, la ciudad llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años”.
Por lo que le hace los siguientes cuestionamientos: “La pregunta es simple y no admite discursos ¿Cómo le responde a “las madres que han perdido a sus hijos”?
Adicionalmente señala que “En todo caso, la lucha contra la criminalidad exige institucionalidad unida, con responsabilidades claras y de frente a la ciudadanía.
No obstante las recriminaciones, lanza un pañito de agua tibia: “Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”.
“El Gobierno nacional mantiene una búsqueda de paz con resultados. Esa tregua no es un cheque en blanco: los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla”.
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