JUDICIALES

Los bienes, avaluados en más de 65.900 millones de pesos y ubicados en seis departamentos del país, estarían relacionados con recursos desviados del contrato para llevar internet a escuelas rurales.

Valledupar, 22 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios presuntos implicados en las irregularidades del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.

De acuerdo con el ente acusador, las propiedades afectadas superan en valor los 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios. Estos bienes pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.

Las investigaciones indican que los inmuebles, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados.

Adicionalmente, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también aplicó una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Las medidas fueron impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y son de carácter exclusivamente jurídico.

Según la entidad, su objetivo es proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que buscaba instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.

La Fiscalía precisó que las acciones se adoptaron con base en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, luego de establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los dineros desviados.