AGRONOTAS

El estratega de seguridad de Fedegán, revela cómo el protocolo diseñado por la organización gremial ha bloqueado el negocio de los «tierreros», responsables del 73% de las ocupaciones ilegales en el país.

Barranquilla, 6 de marzo de 2025.- Como informamos en este medio, a las 2:30 de la mañana del pasado 3 de marzo, un grupo de 40 personas cortó los alambres que delimitan el perímetro del Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia en Codazzi,Cesar. Al amanecer, el número de invasores ascendía a 50 familias, incluyendo 12 menores y 8 adultos mayores.

Casi de inmediato, lo ocupantes ilegales instalaron cambuches entre lotes experimentales de yuca y pastos resistentes a sequías. Inicialmente, los invasores aceptaron retirase de manera pacífica, pero no cumplieron, lo que obligó que se usara la fuerza para poderlos desalojar.

La reacción efectiva de un comité interinstitucional que se apersonó de la situación tras la interposición de las querellas evitó que las personas que allí se encontraban impidieran la ejecución de la acción policiva dentro de las primeras 48 horas de ocurrida la perturbación a la propiedad.

Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), estuvo pendiente de la situación y ofreció a la Agencia Periodística de Noticias (APN) una visión de lo sucedido, teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de asuntos y las dinámicas para contrarrestar esta actividad ilegal que han dado resultados positivos a los productores bovinos.

El estratega aseguró que cuando se presentan invasiones, es imperativo seguir de manera estricta el protocolo legal establecido, como ocurrió en este caso, donde el despliegue efectivo del equipo jurídico de Agrosavia fue determinante para que la ocupación ilegal no sobrepasara las críticas 48 horas.

Murillo precisa que desde 2023 Fedegán implementó la estrategia Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, un modelo hasta ahora exitoso, que articula ganaderos, autoridades locales y fuerza pública.

«Frente a un hecho de invasión de tierras, la actividad de las Brigadas Solidarias es efectiva, pues, se articula el gremio ganadero no solo en lo local, sino también en lo regional y en lo nacional, para trabajar, primero, en que las autoridades atiendan el llamado del productor víctima de la invasión; Segundo, que se activen los protocolos de actuación y tercero que la institucionalidad en cabeza de los  Alcaldes se tomen las medidas de ley para llegar al predio y en un sistema de diálogo en  menos de 48 horas se realice el desalojo voluntario”, explicó Murillo, cuyo equipo ha gestionado 53 desalojos exitosos en año y medio sin usar la fuerza legítima del Estado ni la violencia.

De acuerdo con el estratega, la mayoría de las personas que llevan a cabo este tipo de acciones no hacen parte del grupo de campesinos desposeídos y necesitados de tierras, sino de engranajes de estructuras delictivas que tienen una estrategia patentada y una estructura económica y legal que los sostiene.

“Estos delincuentes, denominados tierreros, son las mafias de las invasiones de tierras y, no solo delinquen a través de esta actividad ilegal penada con hasta ocho años de cárcel, sino que también con falsas promesas estafan a una cantidad de gente a quienes utilizan para invadir”, señaló Fernando Murillo.

El Oficial en uso de buen retiro fue más allá y aseguró que la presencia de niños y adultos mayores no es un hecho espontáneo. “Lo que buscan es que pasen las 48 horas con el fin de hacer parte de inmediato de un proceso administrativo que lo manejan los inspectores de policía y que normalmente no tiene solución en la mayoría de los casos. […] De ahí sigue el proceso judicial ante un juez que puede durar varios años”, advirtió el estratega de seguridad de Fedegán.

Finalmente, el General retirado apremió a todos los ganaderos y empresarios del campo afectados por la delincuencia, a presentar las denuncias y querellas según sea el caso para activar los protocolos legales establecidos y evitar que la invasión se convierta en un problema de marca mayor, poniendo en riesgo el patrimonio y hasta la vida.