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Barranquilla, 24 de noviembre de 2017.- Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, a través de un pronunciamiento conjunto, reiteraron su propósito de ir juntos para las elecciones prsidenciales de Colombia a celebrarse en mayo de 2018,  en un proyecto que denominaron “Alianza para la Reconstrución de Colombia” .

Afirman en sus propias palabras textuales que “sus candidatos acordarán un programa de construcción de confianza en la democracia colombiana, que ayude a la inversión, a crecer y a generar empleo de calidad, a los trabajadores a dignificar su existencia, a las clases medias a consolidarse y a avanzar, y al país a superar con velocidad la pobreza”.

Así mismo argumentan los exmandatarios que según ellos, “están empeñados en que el próximo gobierno dé una gran batalla contra la corrupción, como política prioritaria del Estado. E insisten en cuanto al Acuerdo con las Farc,  respetar aquellos aspectos que permitan la reincorporación de personas en armas y su tránsito a la vida política, pero que según su modo de ver, “es necesario corregir los graves desequilibrios institucionales creados en la negociación. “Al igual que señalan que no permitiremos una Justicia especial que persiga a militares y al resto de colombianos de bien, en una cacería politizada”.

Según los expresidentes Uribe y Pastrana, esta “Alianza para la Reconstrución de Colombia” elegirá un candidato para la presidencia y para la vicepresidencia, partiendo de los candidatos elegidos por el Centro Democrático y por las bases conservadoras lideradas por Ex Presidente Andrés Pastrana, seleccionando a aquel que tenga la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia de la República. “Los candidatos y compromisarios definirán!”, según ellos, “el mejor método para elegir el candidato único de la coalición”.

Añaden que para consolidar la alianza, diseñarán, según ellos, “programas que interpreten el querer de la mayoría de los Colombianos y que reflejen sus más sentidas necesidades. También estaremos abiertos a escuchar e involucrar sectores que comulguen con estos ideales de país, por lo que invitan a las fuerzas políticas democráticas, amigas del progreso y enemigas de la corrupción, a que se unan a lo que según ellos afirman es “esta causa por Colombia”.

El resto de la carta señala que:

“Los abajo firmantes creemos en una Colombia donde un sector privado fuerte jalone el crecimiento económico que requiere el país en todas sus regiones, sectores y empresas, creando empleos de calidad y mejorando el nivel de vida de nuestros compatriotas”.

“Consideramos que el crecimiento económico debe estar acompañado de una política progresiva e incluyente, que permita las mejoras sociales que demandan la mayoría de la población, logrando mejores niveles de equidad, salud y educación. Para esto será necesario una rebaja sustancial en la tributación que pagan las empresas y contribuyentes, sumado a mejoras importantes salariales de los trabajadores, de forma tal que los estímulos a la inversión más el
mejoramiento en ingresos de la gran clase media y popular, permitan retomar la senda del crecimiento del país”.

“Nuestros candidatos acordarán un programa de construcción de confianza en la democracia colombiana, que ayude a la inversión, a crecer y a generar empleo de calidad, a los trabajadores a dignificar su existencia, a las clases medias a consolidarse y a avanzar, y al país a superar con velocidad la pobreza. Para esto también será necesario simplificar la toxicidad normativa que asfixia la Colombia productiva y articular el desarrollo económico con la educación terciaria y la superior, ambas con ciencia, tecnología, innovación. Además de un costo país competitivo, que nos lleven a una economía moderna y pujante”.

“Creemos que el Estado se ha vuelto ineficiente y derrochón. Es necesario un Estado austero y pequeño, dedicado a proveer los bienes públicos de calidad que demanda la población a diferencia de un Estado burocrático, corrupto e ineficiente”.

“Lo anterior deberá estar acompañado de una profunda reforma a la justicia, que unifique las ramas existentes en una Corte de cierre, que combata la corrupción y que despolitice su actuar”.

“Una justicia para todos, pronta y efectiva con estabilidad legal para los ciudadanos, en especial para que los empresarios generen más empleo. Estamos empeñados en que el próximo gobierno dé una gran batalla contra la corrupción, como política prioritaria del Estado. Con una justicia fuerte y moderna tendremos un importante instrumento para la lucha contra la corrupción. La recuperación de la ética en la política y en la administración pública, es un compromiso pleno con los Colombianos!.

“Lucharemos por una Colombia segura, donde la promoción de los valores para la convivencia, la ética ciudadana, el respeto por los demás, la familia y la inclusión social, sean la regla”.

“En el próximo gobierno nos empeñaremos en poner en práctica una política ambiental que recupere los daños causados por la minería ilegal y por los cultivos ilícitos. La protección del ambiente es fundamental para el desarrollo del país y su cuidado debe ir de la mano de una política de desarrollo sostenible, que permita la adecuada explotación de los recursos naturales, con reglas claras y de manera armónica con el ambiente”.

“Frente al proceso de paz, consideramos que será conveniente para el país respetar aquellos aspectos que permitan la reincorporación de personas en armas y su tránsito a la vida política, pero es necesario corregir los graves desequilibrios institucionales creados en la negociación. No permitiremos una Justicia especial que persiga a militares y al resto de colombianos de bien, en una cacería politizada. Tampoco un proceso que le quite la tierra a los colombianos honorables”.

“Es necesario poner efectivamente a las víctimas como centro de atención, sin aceptar tratamientos discriminatorios para el resto de la población civil víctima del conflicto y mucho menos para la Fuerzas Militares, quienes son el soporte de nuestra democracia. Creemos que la justicia transicional no puede servir a intereses políticos. Todo lo anterior a la luz del derecho internacional vigente y aplicable en Colombia”.

“El narcotráfico que corrompe el tejido social del país, en ninguna circunstancia puede ser tolerado. La lucha contra este flagelo internacional debe ser una prioridad. El Estado debe usar todos los instrumentos necesarios para combatirlo y Colombia debe buscar que la comunidad internacional acepte la corresponsabilidad que esta lucha conlleva. El narcotráfico alimenta el lavado de dinero, el cual a su vez alimenta el contrabando que destruye el empleo honesto de la gran Colombia trabajadora. Lucharemos militarmente contra el contrabando y el narcotráfico. La derrota del narcotráfico es imperativo, dadas sus graves secuelas, como la drogadicción en la juventud colombiana, que obliga a reglamentar la prohibición de la dosis personal”.

“En consecuencia, con lo anterior, convocamos una gran alianza de centro, plural, inclusiva que una los intereses de la mayoría de los Colombianos, las víctimas, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y campesinos, militares en retiro, los representantes de la familia, jóvenes, iglesias, laicos, y en general a todos los colombianos que nos quieran acompañar”.