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Un grupo de jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de hacer un anuncio: que abrirá una indagación preliminar “contra el expresidente Álvaro Uribe”. Esa afirmación tuvo un rápido impacto en Europa. Dos diarios importantes, Le Figaro, de París, y La Tribune, de Ginebra, basados en un cable de la AFP, lanzaron la noticia e inventaron un titular grotesco: “L’ancien président Álvaro Uribe soupçonné d’espionnage” (1).

Uribe es pues mostrado en el Viejo continente, gracias a la proclama de la CSJ, como un “espía” sin que las embajadas de Colombia en esos dos países se tomen la molestia de abrir la boca para rechazar ese titular difamatorio.

¿Álvaro Uribe Vélez sería un “espía”? ¿De quien, para qué, cómo, cuándo? No se sabe nada. Nada de nada. El cable de la AFP no utiliza siquiera esa palabra. Sin embargo, los dos diarios crearon esa imagen. En Bogotá, los enemigos de Uribe deben estar contentos. Sin embargo, el despacho de la AFP dice algo que muestra el absurdo de esa acusación: “Si las pruebas son encontradas, la Corte Suprema puede lanzar un proceso penal contra el ex jefe de Estado”.

Ese es el punto central: la CSJ se embarca en una nueva “investigación” contra Álvaro Uribe sin tener pruebas ni indicios. Lo que insinúa el cable de la AFP es que ese tribunal quiere investigar al ex presidente por puro capricho, pues carece de motivos y de pruebas para hacer eso. Ya puede uno imaginar la contrademanda penal del abogado del expresidente contra los instigadores de esa “investigación”.

La CSJ, según la prensa, presenta así la cosa: que abrirá esa investigación pues una magistrada recibió en su oficina “un [texto] anónimo”. Un anónimo. Es decir un papel sin firma, sin nombre de autor. Un papel en el que alguien dice que “los perfilamientos presuntamente ilegales que realizaba un sector del Ejército a periodistas, congresistas y opositores en 2019 [acusación no comprobada ni sancionada judicialmente], terminaron en manos del expresidente Álvaro Uribe”. Ese detalle del anónimo la AFP parece haberlo omitido. ¿Por qué?

El ex presidente Uribe, en todo caso, niega categóricamente toda esa historia.

La conclusión de algunos es que estamos, de nuevo, ante un capítulo más de la turbia guerra de guerrillas que adelanta esa Corte, desde hace años, infructuosamente, contra el expresidente Uribe. Pero esa vieja querella, esa vieja campaña de hostigamiento judicial que dirige esa oficina judicial no es conocida en Europa. El lector corriente ve ese titular y queda con la idea de que acaban de descubrir en Colombia que un ex presidente está ligado a un affaire de espionaje.

Ese lector estas lejos de saber que esa misma Corte es uno de los organismo de justicia más extravagantes y desprestigiados de Colombia.

Wikipedia habla en los siguientes términos de la famosa Corte Suprema de Justicia de Colombia: “El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales con funciones de vigilancia, cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal. Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones.”

La “Enciclopedia libre” continua: “Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces fiscal Anti-Corrupción Luis Gustavo Moreno, el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el ex-magistrado Leonidas Bustos, el magistrado Gustavo Malo, el ex-magistrado auxiliar Camilo Ruiz y los abogados Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, más conocido como ‘Yayo’, y Leonardo Pinilla, también conocido como ‘El Porcino’– se encargaron de alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la CSJ utilizando información privilegiada de la Corte Suprema, la más alta institución de justicia en Colombia.”

El diario El Tiempo, de Bogotá, fue aún más preciso. El 7 de junio de 2018 escribió: “La Fiscalía señaló que magistrados del más alto nivel (Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez) promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, extraditado el mayo pasado a Estados Unidos; el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández.” Antes de rematar así: “Esta organización a la que se llamó el ‘cartel de la toga’ estaba ‘dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal’ y ‘manejar los procesos’ a cambio de jugosas sumas de dinero.”

La CSJ, desde entonces, hizo retoques a su nómina de magistrados pero no ha sufrido la remodelación a fondo que el país esperaba. Por eso siguen los escándalos sobre la cuestionable ética de algunos de sus miembros. El caso más reciente es el de Hugo Quintero Bernate, cooptado (de manera opaca) en febrero pasado. Quintero profesa públicamente una violenta hostilidad contra el expresidente Álvaro Uribe y anuncia que no se desistirá en los asuntos de la sala penal que tengan que ver con el ex jefe de Estado. El portal Web El Expediente estima que la cooptación de Quintero “mostró que llegó a la Sala Penal de la Corte a participar en la manguala contra la cabeza del [partido] Centro Democrático”. Quintero, en efecto, actuó en procesos contra personas cercanas al expresidente Uribe, como Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, y durante mucho tiempo se dedicó a insultar y a difamar al expresidente desde las redes sociales.

La CSJ agravó su caso ante la opinión pública cuando dejó escapar, en mayo de 2019, a Jesús Santrich, un narcotraficante internacional, capo de las Farc, pedido en extradición por los Estados Unidos.

Ese es el organismo judicial que quiere la muerte política del expresidente Uribe. Este, durante sus dos gobiernos (2002-2010), desbarató a las Farc, desmovilizó a los paramilitares de extrema derecha y desmanteló varios carteles de la droga.

Con la ayuda del “cartel de la toga” y la connivencia del ex presidente Juan Manuel Santos y de su Fiscal de bolsillo, de esa época, Eduardo Montealegre, la CSJ intensificó la cacería de brujas contra Uribe y llegó hasta a atacar y poner en la cárcel injustamente a miembros de la familia del ex presidente, como su hermano Santiago Uribe y a su primo Mario Uribe y a uno de sus ex ministros, Andrés Felipe Arias.

Esta no es, pues, la primera vez que la CSJ amenaza a Uribe con una “investigación preliminar”. Lo de ahora es más de lo mismo: acoso político-judicial injustificado. Este episodio comenzó con un falso reportaje de un periodista del New York Times, Nicholas Casey, quien decidió que el comandante del Ejército Colombiano había expedido unas “new kill orders”. Casey nunca presentó la prueba de lo que decía y huyó hace un año del país. Ahora la operación es redirigida contra el expresidente Uribe con el apoyo de la polémica Ong Human Rights Watch, financiada en buena parte por el millonario americano George Soros. Casey y Vivanco, el director de HRW, dicen que fueron “escuchados ilegalmente por la inteligencia militar” colombiana y que las intercepciones telefónicas fueron entregadas al expresidente Uribe. Y de nuevo: las pruebas son inexistentes. Pero un grupo de la CSJ cree que un papel con unas líneas anónimas puede llenar ese terrible vacío. Así va la justicia en Colombia.