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La SIC se demoró pero por lo menos sancionó a estas tres empresas con $201.616 millones de pesos, y a seis de sus directivos, que deberían ir a la cárcel por prestarse para  robarnos a los colombianos durante tres años seguidos 2.010-2.012).

La multa es insignificante ante la plata que ganaron por el sobre precio que nos impusieron en esos tres años, incrementando el precio en un 20% por encima de la inflación que fue del 9% y el cemento aumento en el 29%. Esto le generó unos ingresos adicionales según la SIC de $1.6 billones, ya que las ventas de esos tres años fueron de $8 billones. Es decir estas tres empresas Argos, Cemex y Holcim por haber actuado en forma delincuencial,  obtuvieron una ganancia extra de $1.4 billones, ya que la multa impuesta es de $201.616 millones.

Así, si paga hacer empresa en Colombia dado que las entidades que ejercen control sobre las industrias, sociedades, entidades financieras, Superservicios, y Supersalud entre muchas otras, no cumplen a cabalidad con sus funciones, es poco lo que controlan y cuando deciden investigar, esta se demora entre cinco y siete años(la primera denuncia fue el 10 de agosto de 2.011), y mientras tanto las empresas implicadas en irregularidades las siguen cometiendo sin que nadie se los impida. El resultado final cuando hay éxito en la investigación es una multa o sanción que en nada afecta el flujo de caja de la empresa, ni tampoco su honorabilidad o ética empresarial, siguen actuando como si nada hubiera pasado y para remate terminan sus arcas con unos ingresos adicionales no previstos que le sacaron del bolsillo a todos los colombianos, y con esos recursos demandando la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La SIC, en el caso de las cementeras, como en el de los pañales, o del arroz, o de la azúcar,  y principalmente en las cementeras,  porque ellos de antemano sabían que este es un sector oligopólico, lo que facilita los acuerdos de precios o de mercadeo de las empresas, a sus directivos,  los multan pero no consideran que cometieron un delito por lo que ninguno es investigado por la Fiscalía para judicializarlos y condenarlos por aprovechamiento de terceros.

Por ello, es que “ser pillo paga “porque no pasa nada, simplemente le imponen una multa que pagan con la plata que nos sacaron del bolsillo por el sobre precio que nos impusieron y eso para aquellas que le prueban esa conducta. No hay sanción moral de los ciudadanos de por lo menos acordar no comprar ese producto a las tres empresas que cometieron el ilícito.

Para la ONG ”CIVICOS EN ACCIÓN” es satisfactorio haber logrado que la denuncia que impetramos ante la SIC y la Procuraduría(mayo 6 y 18 de 2.013) dieran resultados, por supuesto no los que esperábamos, ya que la sanción desde el punto de vista monetario ha debido ser mayor, por lo menos igual a la plata que nos sacaron $1.4 billones y no los míseros $201.616 millones, que para Argos son $73.771 millones, y cuyos directivos deben estar muertos de la risa, ya que ellos lideraron todo el proceso y hasta el último momento pretendían que la SIC los exonerara de ese pago. Varias veces conversamos con ellos sobre el tema y siempre les dijimos que a nuestra ONG la movía el interés general y no el particular, ya que en nada nos beneficiamos con esa denuncia,  pero los colombianos si, por eso le pedíamos al director de la SIC Pablo Felipe Robledo a quién por su comportamiento denunciamos ante la Procuraduría, entidad que lo exonero de todo cargo, que lo importante para los usuarios era que el cemento se vendiera a un precio justo, donde los privados obtuvieran su ganancia, pero no una ganancia monopólica como lo venían haciendo sin ningún tipo de problemas.

También denunciamos con pruebas que estas empresas venían vendiendo su producto a un precio más bajo en el exterior que en Colombia, para la fecha de la denuncia recordamos que la tonelada de cemento costaba en el país US$250 dólares y en el mercado internacional en ese entonces valía US$85 dólares.
Eso se conoce en el mercado internacional como “DUMPING” que es prohibido por la Organización Mundial del Comercio “OMC” pero sobre esto, ni la DIAN, ni la SIC se pronunciaron, como tampoco nunca hicieron el intento de investigar.

Es que esta no es la primera vez que multan a esas empresas,  ya en años anteriores lo habían hecho y después lograron tumbar las multas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca años 2.008 y 2.010.
La forma más descarada de monopolio se dio en el Atlántico, cuando la familia Santa Coloma decidió montar una planta en el municipio de Sabanagrande y entró al mercado con un precio bajo. La respuesta de Argos fue bajarles el precio más, al pasar en ese entonces de $21.000 a $7.000 pesos el bulto. Como resultado de esta guerra de precios,  por supuesto perdió el pequeño, que termino vendiéndole su empresa a Argos  en US$ 192 millones , y hoy esa planta  está cerrada, lo mismo que la de Barranquilla, la cual desmontaron.
Comportamiento igual tuvieron con la nueva empresa que se montaba en Galapa “ULTRACEM”  más no pudieron impedirlo por ser sus propietarios personas con experiencia en el montaje y manejo de este tipo de empresas. Para terminar de montar la fábrica tuvieron que importar cemento de México y para operar importar yeso y Clinker.

A quienes pagaron un sobre precio en los tres años que señala la SIC, no se les devuelve nada, tampoco se  obliga a estas empresas a bajar el precio de acuerdo a sus costos de producción,  que les permita obtener una ganancia normal no oligopólica o monopólica y que exista una sanción “moral” de parte del gobierno, que es uno de sus  principales clientes, de  no comprarle a las empresas implicadas,  y lo mismo deberían hacer todos los colombianos. Es la única manera de poder acabar con este tipo de empresas que se dedican a violar la ley, pensando que nunca serán sancionados.

Finalmente preguntamos, tal como lo hicimos muchas veces ¿Cuántas casas de interés social y cuantos kilómetros de vías hubiéramos construido si el precio del cemento hubiera sido el justo y no el que pagamos con un 20% de más, que de por si todavía sigue siendo alto?

¿Qué responde Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda,  que conoce a la perfección cual es el costo real de una bolsa de cemento ya que el hizo parte del estudio que elaboró Fedesarrollo cuando era funcionario de esa entidad?, ¿Cuantos nos gastamos en cemento en Barranquilla y en todo el país?

Lo que uno espera como ciudadano es que hechos como lo de los carteles,  que se han señalado,  no se vuelvan a repetir,  y que el Estado se organice de mejor forma para enfrentarlos y proceder con justicia. Todo en el país pasa por la falta de control y la inoperancia de la justicia, tenemos el caso de Odebrecht,  y aquí no ha pasado nada, cuando en Perú hay un presidente destituido y otro huyendo, en Brasil hay dos presidentes presos, en México se prohibió toda actividad con esa empresa y en Colombia le vamos a entregar,  por un Tribunal de arbitramento y gracias al director de la SIC Pablo Felipe Robledo $400.000 millones a Odebrecht, Episol, y Solarte, para satisfacer al grupo de Sarmiento Angulo,  a quien le corresponde el 33% de ese dinero.
Tampoco pasó nada con el contrato de “Navelena”,  no hay funcionarios de Cormagdalena implicados. Y así podríamos seguir señalando actos de corrupción como el de la Triple A, Electricaribe, Reficar, Interbolsa, las regalías y los cupos indicativos,  entre muchos otros casos, que a la larga quedan en nada. Esa es nuestra patria, pero para los de ruana si opera la justicia, y de qué forma.