COLUMNISTAS

En el año 2014, el Dane contrató unos miles de jóvenes para que fueran a todas las zonas rurales del país -con tableta en mano- a encuestar a los productores del campo para saber el estado de salud en que se encontraba el sector agropecuario.

Este censo, que tuvo un costo superior a los 250 mil millones de pesos, arrojó un año después, unas cifras impresionantes. De los dos millones setecientos mil productores encuestados, más del 89% no existen para el sistema financiero del país, ni para las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umatas), dos componentes sumamente importantes para el fomento de la inversión, el crecimiento de la superficie agropecuaria y la productividad de los agronegocios.

Desafortunadamente, cinco años después, seguimos en deuda con los productores del campo. Según las estadísticas de Finagro, en el año 2020, muestran que, de los 2.7 millones de productores encuestados sólo 439.743 pequeños productores accedieron a créditos. En la prestación del servicio de asistencia técnica el tema es peor. Si la Procuraduría o Contraloría llegan hacer una auditoría en los municipios rurales del país, van a encontrar que más del 90% de los campesinos de esas zonas rurales no reciben ningún tipo de asistencia por parte de esas Umatas. Lo anterior exige del Gobierno y del Congreso, un replanteamiento urgente a esos esquemas operativos de Finagro y las Umatas.

Otros temas preocupantes que arrojó el censo agropecuario, fueron la precaria tecnología que aplican los pequeños productores del campo. De cada cien pequeñas parcelas agrícolas, 70 no cuentan con algún sistema de riego, maquinaria y semillas certificadas. Otro tema que tendrá que resolverse en el Congreso, ya que la normatividad existente no permite por ejemplo, que Agrosavia, la Agencia de Desarrollo Rural o el ICA, presten estos servicios públicos directamente.

Hace 15 días descubrí en Montería, que la actual normatividad no permite que las variedades de semillas de alto rendimiento que saca Agrosavia, no las puede entregar directamente a los pequeños campesinos, ni prestarles el servicio de transferencia de conocimientos, para que desarrollen una actividad productiva sostenible y rentable. Tienen que hacerlo a través de empresas particulares, las cuales terminan haciendo el negocio con la plata del Estado.

Sobre la política de riego, estoy cansado de decir en esta columna que la agricultura se escribe con agua y que mientras no existan los recursos públicos para construir grandes represas o distritos de riego en zonas con potencial desarrollo agrícola en el país, hay que ofrecer un incentivo y una línea de crédito a diez años, para que cada productor construya su pozo profundo, compre una motobomba, un panel solar y unas mangueras para que riegue sus cultivos. Han pasado 26 años, y no hemos podido regar siquiera la primera hectárea con el distrito de riego del Ranchería en la Guajira. Desde que Dios, creó a Adán y Eva, estamos haciendo estudios de actualización.

Poco sirve tener crecimientos en el PIB agropecuario, si no resolvemos estos problemas básicos encontrados por el Censo Nacional Agropecuario. El Ministerio de Agricultura ha venido haciendo grandes esfuerzos, pero la tramitología, la burocracia  de otras dependencias y los escasos recursos de inversión, poco ayudan.

Correo: indaleciodangond@credifomento.com