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En su campaña presidencial, Iván Duque prometió viabilizar una política pública de saneamiento financiero del sistema de seguridad social en salud en Colombia. Para ello definió una estrategia que se denominó Acuerdo de Punto Final y que a además fue incluido en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

En eso orden de ideas, el actual Gobierno ofreció apropiar un presupuesto mediante endeudamiento de 6,7 billones de pesos que habrían de pagar las deudas que el sistema tiene tanto por el régimen contributivo (unos 5,2 billones) y como por el régimen subsidiado 1,2 billones). Pero mientras en el subsidiado la cobertura de esas deudas se acerca al 60 por ciento, en el contributivo es menos del 1 por ciento, porque las EPS no pasan las cuentas de cobro.

Por ese incumplimiento en el citado Acuerdo de Punto Final, el gremio de las clínicas privadas y los hospitales públicos, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, le envió una carta al Presidente Iván Duque Márquez en la que le informa el mínimo avance que ha tenido el mencionado Acuerdo, muy a pesar que la reglamentación del mismo contemplaba como obligatorio el cumplimiento de todas y cada una de sus fases por parte de los actores intervinientes en el sistema de seguridad social en salud en este país.

De igual forma, la ACHC le pide al primer mandatario que intervenga directamente en este proceso para materializar el Acuerdo, ordenando el cumplimiento obligatorio de los mecanismos dispuestos para dicho saneamiento. Además, le insiste que debe garantizársele el pago de la deuda a las IPS. Respalda el gremio dicha solicitud, informándole al Presidente que a pesar de haberse dado la orden del jefe de Estado de acelerar el proceso –cuando empezó la pandemia- hoy deberían estar radicadas reclamaciones por el 50% de los recursos destinados para el proceso, y según datos de ADRES, las EPS apenas han radicado el 5.6% del total esperado a la fecha.

El gremio de los hospitales y clínicas, señala que la situación no es igual para los dos regímenes del sistema de salud. Se especifica en la misiva que mientras que en el Régimen Subsidiado se han logrado algunos avances de operaciones efectivas que contabilizan aproximadamente $ 700 mil millones, las mayores dificultades para materializar el Acuerdo se han dado con el Régimen Contributivo, reconociendo que “las entidades del gobierno han trabajado intensamente en lo procedimental, para disponerse a lo que se esperaba como la más grande operación de saneamiento de deudas del sector y probablemente de la historia reciente del país”, pero que esa orden al inicio de la pandemia “de acelerar el Acuerdo de Punto Final”, si bien “ha sido acatada por los funcionarios y entidades competentes”, no ha ocurrido lo mismo por parte de “los beneficiarios primarios”, es decir, los aseguradores.

El gremio sostiene en su comunicación que cree “que una medida bien intencionada y necesaria, el Acuerdo de Punto Final, no puede truncarse por la voluntad del mismo agente que durante años ha alegado que lo que adeuda el Estado por las coberturas que presuntamente debió dar a los afiliados y que no se encontraban en el plan de beneficios, es una causa principal del incumplimiento de sus obligaciones hacia la red hospitalaria y de la imposibilidad de cumplir con sus indicadores de solvencia”.

Es por eso que el gremio hospitalario le pidió al Presidente Duque la adopción de medidas fuertes dentro del propósito de saneamiento final y contemplar acciones que hagan obligatoria la vinculación al mecanismo de punto final o inclusive detener inmediatamente los plazos en las condiciones de habilitación de las aseguradoras, pues de lo contrario, advirtiéndole al primer mandatario que esta será una situación interminable no solo para el Estado sino para todos los agentes del sistema de salud.

Como conclusión el gremio hospitalario concluye enfatizando que en todo caso los recursos prometidos para solventar el acuerdo de punto final no pueden desperdiciarse. De acuerdo con el comunicado de prensa de la ACHC, “ese cupo asignado para el punto final debe ser gastado en el propósito para el cual fue dispuesto; si el agente EPS no se hace parte del acuerdo o no se acoge a las condiciones, pues se debe crear el mecanismo adecuado para pagar las deudas que efectivamente padece el sector hospitalario”. Por ello, en la carta se concreta la solicitud de las clínicas privadas y los hospitales públicos cuando se le dice al Presidente Duque que “para este gremio inclusive la mejor manera de obtener el verdadero saneamiento del flujo de recursos en el Sistema de Salud es logrando que los recursos lleguen hasta los prestadores, agentes últimos en la cadena y quienes son los que en el día a día atienden a la población y mantienen sus puertas abiertas para que exista una real y efectiva prestación del servicio”.

En síntesis, el Acuerdo de Punto Final que se anunció como la solución para lograr el saneamiento financiero del sistema de seguridad social en salud en Colombia, por los incumplimientos aquí mencionados, hoy no ha pasado de ser un “Acuerdo de puntos suspensivos” sin conseguir aún el objetivo para el cual fue diseñado, ordenado y reglamentado por el actual gobierno.