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El reciente archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado ha desatado una serie de reacciones por parte del presidente Gustavo Petro que generan preocupación respecto al equilibrio de poderes y la estabilidad democrática en Colombia. El mandatario no solo arremetió contra los ocho senadores que votaron en contra de la reforma, sino que también hizo referencias a su pasado en el M-19 y sugirió la posibilidad de un nuevo estallido social.

Tras el hundimiento de la reforma, Petro compartió en sus redes sociales imágenes de los senadores acompañadas del mensaje: “¡PUÑALADA AL PUEBLO! Los millonarios senadores de la Comisión Séptima acaban de tumbar la Reforma Laboral” . Esta publicación, que señala directamente a los congresistas, puede interpretarse como una amenaza velada y una incitación a la confrontación, lo que resulta preocupante viniendo del jefe de Estado.

En un acto público reciente, el presidente evocó su pasado guerrillero al afirmar que él y sus compañeros del M-19 se consideraban “oficiales de Bolívar” . Esta alusión no solo revive episodios violentos de la historia nacional, sino que también puede ser vista como una legitimación de métodos insurreccionales, lo cual es alarmante en el contexto actual.

Además, líderes sindicales afines al gobierno han hecho llamados explícitos a un nuevo estallido social tras el fracaso de la reforma laboral . Estas declaraciones, sumadas a las del presidente, parecen buscar movilizar a la ciudadanía en contra de las instituciones democráticas, lo que podría derivar en escenarios de violencia y desestabilización.

La actitud de Petro recuerda a la de líderes populistas como Hugo Chávez, quienes, al sentirse contrariados por los poderes legislativos, apelaron a la movilización popular y a la confrontación para imponer su agenda. Este tipo de comportamiento erosiona la división de poderes y sienta precedentes peligrosos para la democracia.

Es fundamental que el presidente respete las decisiones del Congreso y actúe dentro del marco institucional. La incitación a la movilización contra los legisladores y la evocación de pasados insurgentes no contribuyen a la construcción de consensos ni al fortalecimiento de la democracia. Por el contrario, polarizan a la sociedad y debilitan las instituciones.

Colombia ha avanzado significativamente en las últimas décadas en la consolidación de su democracia y en la superación de conflictos internos. No podemos permitir que discursos incendiarios y acciones irresponsables nos hagan retroceder. Es momento de que nuestros líderes actúen con responsabilidad, fomenten el diálogo y respeten las instituciones que garantizan nuestra convivencia pacífica.

En conclusión, las recientes declaraciones y acciones del presidente Gustavo Petro representan una amenaza para la estabilidad democrática del país. Es imperativo que, desde la sociedad civil y las instituciones, se haga un llamado al respeto por la división de poderes y se rechace cualquier intento de desestabilización. Solo así podremos garantizar la paz y el progreso que tanto anhelamos.