COLUMNISTAS

Este fin de semana, el departamento de Sucre volvió a ser escenario de una cadena de homicidios que evidencia la fragilidad del orden público y la urgente necesidad de replantear la estrategia de seguridad. Varios municipios, desde Betulia hasta Sampués y San Marcos, fueron tocados por la violencia, en un patrón que ya no parece coyuntural, sino estructural.

La noticia del asesinato de Juan Badel en Betulia, un joven que asistía a una fiesta de cumpleaños en un establecimiento que había sido previamente amenazado, sacudió a la comunidad. No se trataba de alguien vinculado al conflicto, ni de un blanco estratégico. Era un ciudadano más, un joven celebrando con amigos, convertido en víctima por la mera decisión de estar en el lugar y momento “equivocados”, según los códigos del terror que impone el Clan del Golfo.

El homicidio de Badel es especialmente doloroso porque confirma que las amenazas que circularon tras la muerte de alias Chirimoya no eran simple propaganda. La estructura criminal respondió con hechos. Y esa respuesta incluyó asesinatos. La advertencia se cumplió, y el mensaje fue claro: aquí aún mandamos nosotros.

Pero Betulia no fue el único foco de violencia. En San Marcos, un hombre fue abatido en plena vía pública. En Sampués, otro crimen generó zozobra entre los habitantes del casco urbano. En Morroa y en Sincelejo, se reportaron nuevas víctimas, sin que se establecieran autores ni móviles claros. La sensación que queda es de desprotección total, de una ciudadanía expuesta y de autoridades que, si bien reaccionan con comunicados y presencia simbólica, no logran frenar el avance del miedo.

La violencia ya no distingue entre zonas urbanas o rurales. Se manifiesta con igual crudeza en calles transitadas, en comercios, o en fiestas familiares. La lógica del “ajuste de cuentas” ha sido superada por una dinámica más preocupante: la del control mediante el terror. Matar para imponer respeto, para silenciar, para recordar que la autoridad real sigue estando armada y en la sombra.

Frente a esta situación, no basta con destacar operativos puntuales ni con hablar de “golpes” a las estructuras criminales. Si esas estructuras siguen teniendo la capacidad de intimidar, de organizar acciones coordinadas, y de asesinar impunemente a civiles, entonces el control territorial del Estado está, cuanto menos, en entredicho.

La seguridad en Sucre necesita un enfoque más profundo: con inteligencia constante, con protección efectiva para comunidades y líderes, y con una justicia que actúe con celeridad. Porque mientras no haya consecuencias para estos crímenes, seguirán repitiéndose. Y cada fin de semana puede ser, como este, una tragedia anunciada.

Los sucreños no merecen vivir con el temor de salir de casa, ni mucho menos de asistir a una celebración con amigos. La vida cotidiana no puede seguir siendo una actividad de alto riesgo.

La muerte de Juan Badel nos duele. Pero más nos debe doler que, al cierre de este fin de semana sangriento, nadie haya dado una explicación clara ni un mensaje contundente de protección a la ciudadanía.

Al cerrar esta columna un medio de comunicación local informo sobre un comunicado por parte de los asesores jurídicos del Clan del Golfo, quienes manifiestan que es absolutamente falso que ellos hayan promovido un paro armado en la región, entonces. A quién se le cree?