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Valledupar, 5 de marzo de 2025.- El departamento de Sucre enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad. Los datos más recientes son contundentes: en febrero de 2026 se registraron 20 homicidios, frente a 11 ocurridos en el mismo mes de 2025. El incremento del 81,8 % no es una simple variación estadística; es una señal de advertencia que demanda decisiones firmes, coordinación institucional y una estrategia integral.

Una violencia que se expande. El fenómeno no se concentra en un solo punto del mapa. Aunque Sincelejo vuelve a figurar como epicentro, los hechos también se han presentado en municipios como Santiago de Tolú, Corozal, Toluviejo, Coveñas, Sincé, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Morroa, San Pedro y Sampués.

La dispersión territorial indica que no se trata de episodios aislados, sino de una dinámica criminal con capacidad de actuar de forma simultánea en distintos lugares. Este patrón sugiere la posible recomposición o fortalecimiento de estructuras delictivas con presencia regional.

El sicariato como patrón dominante. Uno de los aspectos más preocupantes es la reiteración de la modalidad sicarial. En la mayoría de los casos, hombres armados atacaron de forma directa a sus víctimas y escaparon rápidamente. Esta metodología revela planificación, seguimiento previo y respaldo logístico.

Cuando el sicariato se convierte en la modalidad predominante, el mensaje es claro: existen redes organizadas capaces de identificar objetivos y ejecutar acciones con precisión. En algunos casos, las víctimas tenían antecedentes judiciales; en otros, se trataba de ciudadanos sin historial conocido. Esto abre dos hipótesis inquietantes: ajustes de cuentas ligados a economías ilegales y víctimas colaterales en medio de disputas por el control territorial.

Sucre no es ajeno a conflictos por rentas ilícitas como el microtráfico, la extorsión, el contrabando o actividades informales asociadas a zonas costeras. Cuando estas economías se transforman o se disputan, la violencia suele intensificarse.

Sincelejo, bajo presión. La capital departamental merece un análisis particular. Barrios como Villa Katty, La Trinidad, Versalles, Camilo Torres y Pablo Sexto, además de sectores rurales, han sido escenario de homicidios recientes. La violencia no distingue entre casco urbano y periferia.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿existe una insuficiencia en la capacidad operativa de la Fuerza Pública o estamos ante una mutación del crimen que ha logrado adaptarse y evadir controles? Probablemente confluyan ambos factores. Mientras las estructuras criminales evolucionan con rapidez, la respuesta estatal suele avanzar a un ritmo más lento.

Más allá de capturas puntuales, el reto es desarticular las redes completas que financian y ordenan los crímenes. Esto exige fortalecer la inteligencia preventiva y mejorar la articulación entre Policía, Fiscalía y autoridades locales.

Municipios intermedios: impacto multiplicado. En municipios como Corozal, Toluviejo, Sincé o Sampués, el impacto social de cada homicidio es aún mayor. En comunidades donde todos se conocen, el miedo se expande con rapidez. Cuando un crimen ocurre incluso durante un evento público (como sucedió en San Juan de Betulia) el mensaje intimidatorio es profundo: el delito pierde el temor a la exposición.

La descentralización de la violencia revela que los grupos criminales buscan territorios donde la presencia institucional es más débil o menos visible.

Más allá de las cifras. Veinte homicidios en un mes no son solo expedientes judiciales. Son familias fracturadas, proyectos de vida interrumpidos y comunidades afectadas. Incluso cuando las víctimas tengan antecedentes, el Estado no puede permitir que la lógica del “ajuste de cuentas” normalice la muerte como mecanismo de regulación ilegal.

El debate debe ir más allá del comparativo anual. Las causas estructurales —desempleo juvenil, expansión del microtráfico, limitaciones en la judicialización efectiva y débil presencia integral del Estado en zonas vulnerables— forman parte del problema.

¿Qué respuestas se necesitan? El momento exige una estrategia multidimensional:

• Inteligencia y judicialización estructural: no basta con capturar ejecutores; es fundamental identificar y procesar a quienes financian y coordinan las redes.
• Intervención social focalizada: inversión en educación, empleo juvenil y prevención del delito en los barrios más afectados.
• Presencia institucional integral: seguridad no es solo patrullaje; también es cultura, deporte y oportunidades.
• Transparencia y rendición de cuentas: las autoridades deben explicar con claridad los resultados y ajustes de sus estrategias.

Una responsabilidad compartida. El aumento del 81,8 % en un solo mes no puede asumirse como una fluctuación pasajera. Es una advertencia temprana de que algo no está funcionando o de que actores criminales están ganando espacio.

La responsabilidad es compartida: del Gobierno nacional en la definición de políticas de seguridad, de la Gobernación en la coordinación regional, de las alcaldías en la ejecución territorial y de la ciudadanía en la denuncia y el rechazo a la ilegalidad.

Sucre no puede normalizar la violencia ni resignarse a ella. Actuar con firmeza, pero también con inteligencia estratégica, es el desafío inmediato. Ignorar el problema tendría un coste mucho mayor que enfrentarlo con decisión.