AGRONOTAS, ORDEN PÚBLICO, POSCONFLICTO

Es urgente revisar las políticas actuales y reforzar la presencia estatal en las zonas rurales más vulnerables para garantizar la seguridad de los ganaderos y los campesinos.

Barranquilla, 22 de noviembre de 2024.  La seguridad del sector ganadero en Colombia enfrenta una crisis profunda debido al aumento de casos de extorsión, secuestro y abigeato. Expertos como Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Wilson Ruiz Orjuela, exministro de Justicia, han señalado la urgencia de revisar las políticas actuales y reforzar la presencia estatal en las zonas rurales más vulnerables.

La situación actual 

Los departamentos de la Costa Caribe, Arauca, Cauca y Norte de Santander son los más afectados, con cifras alarmantes: entre enero y noviembre de 2024, se reportaron 8,672 casos de extorsión, de los cuales el 96% sigue en etapa de indagación, según datos oficiales. Además, hasta septiembre, se registraron 171 casos de secuestro, con Arauca, Cauca y Norte de Santander liderando las estadísticas.

La geografía de la violencia, como destaca Arrubla Paucar, está directamente ligada al narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales que controlan corredores estratégicos y montan un «paraestado» que somete a la población. Por su parte, Ruiz Orjuela agrega que la ganadería, como actividad económica clave en estas regiones, convierte a los productores en objetivos de extorsión y secuestro debido a la falta de presencia estatal y la limitada infraestructura de seguridad.

Propuestas para enfrentar el flagelo 

Arrubla Paucar sugiere abandonar la estrategia de «paz total», argumentando que esta ha desalentado a las fuerzas armadas y aumentado la violencia. Aboga por una política de seguridad robusta que respalde a las fuerzas armadas y permita actuar con liderazgo y experiencia frente a las amenazas.  En ese sentido, Ruiz Orjuela destaca los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, iniciativa de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) que buscan una autoorganización del sector ganadero en ausencia del Estado. Estos frentes promueven la cooperación comunitaria y la creación de redes de alerta temprana para mitigar riesgos. Ruiz propone incrementar la presencia de la Fuerza Pública y facilitar el acceso a herramientas como el «botón de alerta» de la Policía Nacional, que permite respuestas rápidas ante emergencias. También enfatiza la necesidad de unidades especializadas en la Fiscalía para investigar delitos contra los ganaderos.

Ambos expertos coinciden en que es esencial fortalecer los mecanismos legales y tecnológicos para proteger a los ganaderos. Esto incluye fomentar las denuncias bajo protección estatal, implementar sistemas de identificación de ganado subsidiados, y aplicar leyes de extinción de dominio contra los responsables de extorsión y secuestro.

Diferencias regionales y estrategias focalizadas

La concentración de la violencia en regiones específicas refleja la histórica debilidad institucional y el dominio de grupos armados ilegales. Según Ruiz, el aislamiento geográfico de algunas áreas facilita las operaciones criminales, lo que exige estrategias de seguridad focalizadas que consideren las particularidades de cada región.

Arrubla Paucar subraya que solo la Fuerza Pública está legitimada para ejercer el monopolio de las armas y proteger a los ganaderos. Insiste en evitar la entrada de actores alternativos que puedan complicar la seguridad.

Próximos pasos

El tema de la seguridad ganadera será central en el Congreso Nacional Ganadero de Fedegán, que se realizará la próxima semana en Barranquilla. Allí se discutirán alternativas efectivas para enfrentar esta crisis, con la participación de altos funcionarios judiciales y del sector.

La protección del sector ganadero no solo es una prioridad para garantizar la seguridad de miles de familias rurales, sino también para preservar el desarrollo económico y social de las regiones más afectadas.