CIUDADES Y DISTRITOS

Barranquilla, 4 de octubre de 2018.- El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez afirmó este jueves en la ciudad de Barranquilla que adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa TripleA, en un número de 60 millones de acciones las cuales corresponden al 82% del capital de esta última. El valor de estas acciones ascendería a los $202.000 millones de pesos.

El material probatorio que reposa en el expediente relaciona hechos ocurridos desde el año 2000 al año 2017 en que se detectaron los presuntos pagos fraudulentos anunciados, causando un detrimento patrimonial por el orden de los $236.853.796.005. Al igual que señaló que actualizada la cifra con el IPC, el valor correspondería a los $329 mil millones en 17 años de contrato en “asistencia técnica” con Inassa, en la ésta última recibía el 4.5 % de la facturación mensual por una asistencia que no se cumplió y según investigación de Fiscalía, la exorbitante cantidad fue desviada a terceros. Todo este fraude en la facturación con los excesivos cobros en los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que ejecutaban contra los ciudadanos, partía de un contrato fraudulento firmado el 4 de septiembre del año 2000. La Fiscalía comparó esta cifra con la que recauda el distrito de Barranquilla anualmente por el impuesto predial.

Las acciones objeto de extinción de dominio pasarán a ser administradas por la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Al tiempo que señaló que le corresponde al Distrito de Barranquilla, en coordinación con la SAE, convocar a una Asamblea para reestructurar la nueva junta directiva en la que ingresarían nuevas caras.

De igual forma señaló que hay evidencias que demostrarían una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros entre ellos las sociedades Canal Extencia S.A. empresa del grupo español Canal Isabel II y Slasa la compañía panameña que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami. Esta maniobra financiera al parecer garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales del INASA.

La Fiscalía General de la Nación también afirmó este jueves en Barranquilla que impuso medida de aseguramiento contra varios directivos de la empresa y INASA y de la empresa de servicio público de Barranquilla Triple A, S.A. por el presunto contrato de asistencia técnica, medida de aseguramiento que cobija a Ramón Navarro Pereira, Francisco Olmos Fernández de nacionalidad española exgerente de Triple A, Luis Fernando Arboleda González, igualmente quien se desempeño como gerente de la Triple A, Carlos Alberto Ariza Duque, Luis Alberto Nicolella De Caro ex gerente general de Inassa, Francisco Javier María Baro de nacionalidad española quien se desempeñó como y ex gerente general de Inassa, y Germán Sarabia Huyke gerente de Inassa.

La situación jurídica que les corresponde enfrentar a estos, serán los establecidos en el Antiguo Sistema Penal, la ley penal 600 del 2000, con una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de no salir del país.

Por su parte añadió el ente acusador que el Fiscal de Conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española consistente en una caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Carlos Roca García, actual es gerente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino ex presidente de Inassa, y contra Alberto Muguiro Eulate actual presidente ejecutivo de Inassa.

El Fiscal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al actual gerente de la Empresa Triple A, Ramón Heraclio Hemer Redondo.

Al igual que en el caso de Luis Fernando Arboleda González, la Fiscalía afirma que se ordenó la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito a terceros.

No obstante todos los anteriores están siendo procesados por este delito, además de Concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.

Los avances anteriores hacen parte de la Segunda Fase de la Operación Acordeón en la que directivos y exdirectivos de las empresas Inassa y Triple A, con redes de corrupción se habrían apoderado o desviado recursos destinados a prestación servicios públicos en Costa Atlántica.