DESCENTRALIZADOS, JUSTICIA

Valledupar, febrero 7 de 2017.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Florez, luego de haber intervenido en el Congreso de la República en la discusión de la Justicia Especial Para la Paz y de haber reclamado que se marginara a la Procuraduría, y frente a la decisión del Gobierno Nacional de marginarla a pesar de su reclamación, emitió un comunicado este lunes, precisando algunos puntos.

El Presidente Juan Manuel Santos este lunes durante la posesión de Antonio José Lizarazo como magistrado de la Corte Constitucional, efectuada en la Casa de Nariño, advirtió que “esos acuerdos tienen que cumplirse y se van a cumplir. Sobre eso que a nadie le quepa la menor duda, que los acuerdos tienen que cumplirse y se van a cumplir”. Y añadió que “los acuerdos son acuerdos, está la palabra empeñada, la palabra del Jefe de Estado colombiano”, y por eso es que según él se deben cumplir.

Y añadió que “la Procuraduría no es parte de los acuerdos”, expresó además que en la mesa de negociaciones se acordó “que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”.

No obstante dijo que “de todas formas la Procuraduría puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”.

El Procurador en su pronunciamiento expresó su lamento por la decisión del Gobierno Nacional de excluir a la Procuraduría General de la Nación, cabeza del Ministerio Público, de esta jurisdicción.

Afirmó Carrillo que independientemente de las razones de estado que llevaron a la negociación de los acuerdos de paz, considera que en el sistema de Justicia Especial de Paz debe disponerse de un mecanismo de protección de los derechos de las víctimas, que es precisamente el objetivo de la participación de la Procuraduría.

No obstante lo anterior la Procuraduría General de la Nación se ratificó en su decisión de vigilar el desarrollo de la Justicia Especial de Paz, al igual que velará por los derechos de las víctimas, aseguró el Procurador.

La decisión del Gobierno Nacional no va a debilitar en manera alguna la pertinencia de la participación de la Procuraduría General de la Nación, como es su obligación Constitucional, en su compromiso de ser garante de los acuerdos y defensora de los derechos de las víctimas, afirmó finalmente.