COLUMNISTAS

En Colombia, la política de “sometimiento a la justicia” ha sido utilizada como herramienta para enfrentar a organizaciones criminales cuando el Estado, por debilidad, o por cálculo político, ha renunciado a la vía punitiva.

Esta figura tuvo su expresión mas importante en la década de los años 90 durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, y hoy reaparece en un proyecto de ley presentado por el camaleónico ministro Eduardo Montealegre, pero según parece, no se aprendió nada, y estamos a punto de repetir los errores que entonces debilitaron al Estado y le costaron sangre, sudor y lágrimas al pais.

Tras una década de terror, una ola de crímenes y de asesinatos de personas ilustres, cuatro candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro dos ministros de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, Enrique Low Murtra, dos procuradores, Federico Estrada Vélez, Carlos Mauro Hoyos, el director del Diario El Espectador, estallido de aviones en pleno vuelo llenos de pasajeros, bombas en lugares públicos, secuestros extorsivos y crímenes de lesa humanidad, que muchos de mis lectores no conocieron, ni vivieron, sembrado por el cartel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, el gobierno del “revolcón” opto por una estrategia de rendición controlada de los jefes narcotraficantes, con el fin de desactivar la violencia.

Esa iniciativa les permitía a los asesinos la entrega voluntaria de narcos a cambio de beneficios, que la colaboración con la justicia. Se construyo una cárcel (permitieron que la construyera, a su medida, Pablo Escobar, de ahí se llamó “la Catedral”), quien la convirtió en su centro de operaciones criminales, y se les concedió el premio mayor, de la no extradición.

Después no hubo verdad, ni justicia, ni reparación a las víctimas. No hubo confesiones. La pregunta: ¿Quién se sometió a quién? Los criminales, sometieron a la justicia.

El nuevo ministro ha radicado un proyecto de ley que busca crear un nuevo marco de sometimiento para organizaciones multicrimen. Aunque aun no ha sido aprobado, y esperamos que no sea votado por el congreso, sus líneas generales apuntan a algo similar al proceso de Cesar Gaviria: Esta iniciativa propone beneficios penales sin garantías de desarticulación de grupos criminales, no exige entrega de bienes, no confesión de delitos.

Pretende equiparar a grupos de delincuentes comunes con actores políticos, ni les exige protección ni reparación a las víctimas.
Vergonzosamente este proyecto configura una escandalosa capitulación y rendición del Estado a los Criminales. Una real impunidad disfrazada de “paz total”.