COLUMNISTAS

Pendenciero, altamente irresponsable e ignorante del marco constitucional. Ese es el alocado e inefable señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

Conocí desde muy joven a sus padres, dos distinguidos políticos liberales del departamento del norte del Tolima, vecinos del municipio de Líbano, fieles seguidores del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala, el, un distinguido médico, y ella, una avezada dirigente del “turbayismo”. Dicen que uno no tiene que parecerse a sus padres, y en este caso su vástago “no heredo ni las cejas”, aforismo que se cumple a cabalidad con el hoy ministro de Salud del pacto Histórico.

El imprudente funcionario actúa con mucha ligereza sin enfrentar consecuencias. Y eso no podemos tolerarlo, puesto que, ni el, ni ningún otro funcionario puede actuar con semejante desfachatez, ignorancia y pesadez para afirmar “que la patria potestad de los menores pertenece al Estado”, ya que jurídicamente es una opinión errada, sino también peligrosa desde el punto de vista institucional y social.

En Colombia la Patria Potestad esta regulada por el Condigo Civil y corresponde exclusivamente a los padres. El Estado tiene funciones de protección y garantía de derechos, pero nunca reemplaza la autoridad de los padres.
El ministro “patán” se ha dado el lujo de “mamarle gallo” también a la Corte Constitucional, lo que se constituye en una falta gravísima, en el entendido de que la Corte Constitucional no solo es la máxima autoridad en control de la carta fundamental, sino que sus fallos tienen fuerza de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento.

Flagrantemente el irreverente funcionario desacata las disposiciones que dicta el Alto Tribunal en materia de la obligación que tiene el ministerio a su cargo para calcular objetivamente los costos de la UPC, (Unidad de Pago por Capacitación ), así mismo, por no cumplir con los pagos de los presupuestos máximos destinados a financiar servicios y tecnologías en salud que no se cubren con la UPC, y esa conducta de rebeldía le puede generar procesos disciplinarios inclusive la pérdida del cargo, e investigaciones penales.

La ciudadanía no ha podido entender las razones o motivos para que, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría General de La Nación, de oficio, no hayan intervenido en defensa de la salud y la vida de los colombianos. Al gobierno de Petro no le tenemos miedo, le corremos a los ignorantes y a los desastres irreparables que esa clase de “empleaduchos” le puedan causar al pais.