COLUMNISTAS

Por considerarlo de interés nacional, me referiré en esta columna al informe que ejecuto el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga sobre, los ataques sistemáticos del presidente Gustavo Petro a la democracia que ponen en riesgo la institucionalidad del país. Antes de hacerlo, debo agradecer al Dr. Carlos Augusto Rojas, destacado dirigente del sur del Huila por haberme compartido el documento que a continuación pasaremos a comentar.

Primero veamos lo que significa la palabra “sistemático”: Cuando un sujeto sigue, o se ajusta a un sistema táctico.

En ese orden de ideas, los colombianos se deben enterar que el desarrollo de este estudio, “va orientado a desvirtuar  las amenazas discursivas permanentes de Gustavo Petro al sistema democrático colombiano, que tiene como objetivo cambiar todo el ordenamiento jurídico de nuestra nación, vigente en la constitución aprobada y promulgada en 1.991 por otro modelo que ya ha sido implementado en otros países de la región, dejando consecuencias adversas en términos de democracia, libertades , desarrollo humano y seguridad”. No es cualquier pendejada entonces la que se propone hacer el presidente guerrillero, en contra el ordenamiento jurídico de nuestro país.

El sesudo análisis que ha formulado el ICP, nos dice que desde su posesión como presidente Gustavo Petro se ha empeñado en deslegitimar la institucionalidad democrática del país apelando a la rebeldía y a la amenaza de una revolución como mecanismo de presión social y política para que le aprueben sus propuestas de reformas.

Por su calenturienta cabeza se cuelan ideas deschavetadas, de que es solo a través de la concentración del poder político en cabeza del gobernante, sin límites o contrapesos, como se pueden satisfacer las demandas populares. Es decir, Petro desestima el concepto de democracia que es un sistema de gobierno justo y conveniente para vivir en armonía.

Para el propósito de lograr un gobierno autócrata, según Petro, no deben existir las tres ramas del poder público: ni el legislativo, ni el Judicial, ni el Ejecutivo. Tampoco los órganos de control, ni una organización electoral imparcial. La teoría de gobierno expresada desde hace 2.000 años por el filósofo griego Aristóteles en su libro POLITICA, en el que analizo la soberanía de una nación, expresa que hay que dividir el poder en tres elementos: el que delibera, el que manda y el que juzga. Eso a Petro le resbala pues él quiere ser todo. ¡El Estado soy yo!, frase que acuño Luis XlV ante el parlamento francés en 1655 para declarar una monarquía absoluta. Petro está en la tarea de declararse un AUTOCRATA absoluto.

Sofísticamente fundamenta su proyecto político “en la creencia de que las instituciones de nuestra constitución del 91, inspiradas en los tres pilares de la democracia liberal, restringen la capacidad del pueblo para actuar en su propio interés, planteando así una brecha entre la democracia vigente en Colombia y su mandato como único representante electo que encarna la voluntad del pueblo”.  Lo paradójico de su plan es que, habiendo ganado las elecciones del 22 con base en el ordenamiento jurídico y constitucional vigente, que juro defender, está haciendo todo lo contrario. Está mintiéndole al pueblo y utilizando a algunas franjas vulnerables de ciudadanos para llamarlos a la insurrección general, si las cosas no le salen como lo ha pensado.

Estamos advertidos amigas y amigos, pero soldado avisado no cae en combate. Petro no quiere gobernar para el pueblo, ni con el pueblo. Él lo que quiere es volver trizas a Colombia. La pregunta es: ¿se lo vamos a permitir?