GOBIERNO, JUSTICIA

Un informe de la Contraloría advierte que la reparación a las víctimas carece de respaldo presupuestal suficiente para 2026 y que los bienes destinados a financiarla no corresponden a los compromisos pactados con los de la Falsa Paz.

Más que un desfase financiero, el diagnóstico plantea dudas de fondo sobre la capacidad del Estado para cumplir la justicia transicional.

Valledupar, 20 de enero de 2025.- La materialización de las primeras sentencias proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad fiscal. Un seguimiento adelantado por la Contraloría General de la República evidencia que los recursos disponibles para cumplir las órdenes de reparación resultan insuficientes frente a las obligaciones fijadas por esa jurisdicción.

De acuerdo con el informe, la propia JEP estimó que los componentes restaurativos y reparadores de sus dos primeras sentencias requieren una inversión superior a los 120 mil millones de pesos. No obstante, para la vigencia 2026 solo se encuentran asegurados cerca de 20 mil millones. En términos del órgano de control, “el componente restaurativo y reparador requiere una apropiación estimada de $121.858 millones de pesos, de los cuales únicamente se encuentran disponibles $20 mil millones, configurándose una desfinanciación superior al 80 %”.

Esta brecha presupuestal no se limita a una dificultad administrativa. Según advierte la Contraloría, “los incumplimientos identificados ponen en riesgo el derecho a la reparación integral de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado colombiano frente a las decisiones adoptadas en el marco de la justicia transicional”. El señalamiento introduce un elemento sensible: la posible afectación de compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.

El panorama se agrava por la limitada conversión en recursos líquidos de los bienes entregados por las antiguas Farc-EP. Aunque dichos activos estaban llamados a financiar parte de la reparación, el informe advierte que lo efectivamente monetizado resulta marginal frente a lo comprometido. En ese sentido, la Contraloría concluye que “los bienes entregados difieren sustancialmente de los compromisos pactados, generando incertidumbre sobre la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación”.

La administración de estos activos recae en la Sociedad de Activos Especiales, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas actúa como beneficiaria. Sin embargo, el informe advierte que “la baja monetización limita de forma significativa la capacidad financiera para atender las órdenes impartidas por la JEP”.

A ello se suma otro factor crítico: varias entidades nacionales y territoriales, llamadas a ejecutar órdenes judiciales específicas, no cuentan con recursos presupuestados para 2026. Para la Contraloría, “la ausencia de apropiaciones restringe la ejecución de las decisiones judiciales y debilita la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición”.

Analistas que han interactuado con el informe aseguran que el diagnóstico deja un mensaje claro: sin respaldo financiero real ni activos suficientes, la reparación corre el riesgo de convertirse en una promesa formal, con consecuencias profundas sobre la confianza de las víctimas y la credibilidad institucional del proceso de paz.