CONGRESO

Para el jefe de la Cartera, contó con el apoyo del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien lo acompañó a la radicación de este proyecto iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, del que señaló que es un momento histórico. Según lo dio a conocer, desde 1948 se ha estado defendiendo, de una manera permanente, el derecho al debido proceso en el ordenamiento jurídico colombiano. “Hoy le damos cumplimiento a una falencia que estábamos llamados a llenar desde hace mucho tiempo. La doble instancia y el debido proceso ha sido un mandato no solo de la Corte Constitucional, sino de los órganos del sistema interamericano”, aseguró.

Con este proyecto de acto legislativo, en el caso de los congresistas, se modifica la conformación de las salas de juzgamiento y resolución, de tal forma que el proceso surtirá una primera instancia en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y una segunda instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, competencias jerarquizadas que garantizarán los derechos de los investigados. “Lo que se busca además es lograr la reglamentación al derecho a la impugnación, en cumplimiento de una decisión judicial”, señaló el doctor Gil.

“Este es un gran momento que llena un vacío que estaba dejando en una situación de depreciación a un grupo de ciudadanos. Dentro de un Estado social y constitucional de derecho nadie puede quedar por fuera de él. Aún nos queda pendiente la doble instancia en materia de pérdida de investidura, y para lograr esto estamos trabajando conjuntamente de la mano del Consejo de Estado para que no existan más falencias”, dijo el alto funcionario.

Según lo afirmó el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, para que pueda condenarse a un aforado en un proceso, deben existir dos sentencias de dos autoridades judiciales. No podrá existir una condena si no hay doble conformidad judicial de un fallo condenatorio. El Ministro de Justicia se unió a tal apreciación afirmando que este proyecto es un hito al garantismo contemporáneo y a los derechos humanos y fundamentales.

El Minjusticia concluyó su intervención afirmando su interés en “consolidar la doble instancia, pues esta es un bien jurídico nacional e internacional al que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho”.