COLUMNISTAS

He sido, soy y seré partidario de una reforma estructural del Estatuto Tributario de Colombia, sobre la base de hacerlo más justo y equitativo, razón por la cual miré con optimismo los anuncios que en ese sentido hizo el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. 

Una comisión de expertos trabajó un tiempo considerable en ajustes y propuestas para lograr el objetivo presidencial, pero al final todo indica que estamos frente a un nuevo esfuerzo en vano porque lo que llega al Congreso parece más una agresión estructurada contra el bolsillo de los colombianos, que una reforma propiciadora del desarrollo empresarial y el beneficio social.

Dentro de mi fuero como legislador cabe acompañar al Gobierno en la lucha contra la corrupción, la limpieza electoral, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la justicia, la provisión de recursos dentro de la erradicación de la pobreza, la implementación y el desarrollo legal de los proyectos del posconflicto, la creación de condiciones que permitan el progreso de la empresa privada y el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros aspectos, para 49 millones de colombianos, cifra que se completa con uno de los nacimientos que se ha dado este fin de semana según el Dane.

Pero no puedo estar de acuerdo con la pirotecnia tributaria empleada de cualquier modo, es decir aquellas normas que saltan de esquina en esquina como fuegos artificiales que en noches de fiesta pueden causar estragos en las personas si no se tienen las precauciones del caso.

Una reforma tributaria que se anuncia con esas características, que de por sí ya incumple un compromiso de campaña de no crear ni subir más impuestos, es el símil de una mina antipersona que va cargada de artículos antidesarrollo y crecimiento social. Para este tipo de normatividad tengo un pensamiento opositor y mi voto será siempre negativo.

A pesar de lo que señalan los expertos y sostienen organismos que en el pasado han sido nefastos para la política económica nacional como el FMI y la Cepal, así sectores ortodoxos digan lo contrario, considero que aumentos del IVA y la fijación de gravámenes al gas natural y otros energéticos, como también otros tecnicismos del proyecto, nos muestran una reforma que vulnera la fortaleza social y empresarial que a la fecha ha logrado el país, para dejarlo en manos de la incertidumbre fiscal y la desaforada inmoralidad que se evidencia cada día más en la mayoría de niveles del Estado colombiano.

Respecto del IVA el debate es riguroso dentro del proceso de acertar en los más y los menos de la iniciativa. En lo que no transigiré es en el impuesto al gas natural que hemos comprobado en el Congreso y lo ha confirmado la Andi, afecta a los sectores industrial y residencial aumentando las tarifas y restando competitividad, con efecto colateral sobre los precios del servicio de energía eléctrica y el alza en el volumen de subsidios hacia los estratos 1, 2 y 3 de la población.

El recaudo anual por el impuesto al carbono sería de 295 mil millones de pesos, de los cuales 128 mil millones de pesos saldrían de los generadores eléctricos y 95 mil millones de los industriales. A mayor costo menos rentabilidad, menos empleo, menos competitividad, y menos ampliación de la producción en el caso de la industria. Y en el caso de la electricidad el efecto se refleja en una mayor tarifa a los usuarios y si en los de menos ingreso no hay plata para pagar lo inevitable es el incremento en los subsidios.

A nivel de subsidios eléctricos el panorama es deficitario para el 2017 y estamos por el orden del billón 200 mil millones de pesos en pagos por ese concepto. En la próxima vigencia fiscal la demanda de recursos será mayor y si en la Costa Caribe es donde más se pagan subsidios, habrá menos plata para atender esa necesidad de tal manera que el operador que esté en la zona no tiene garantizados esos recursos y la Región seguirá sufriendo inestabilidad en el servicio por cuenta de un sistema obsoleto y la limitación que impondrán para el suministro los generadores del interior del país. Por muchas razones la Costa Caribe es una de las más perjudicadas con el tsunami tributario.

La Bancada Caribe ha sentado su posición frente a la coyuntura enunciada, tengo mi posición claramente definida y lo que sigue es esperar lo que ocurra en los debates de este lunes en el Congreso de la República en donde creo se va a hundir ese mico que por fortuna salió a la luz pública para el cuestionamiento respectivo. Confío en la sensatez del legislativo, porque actuar en contrario es agravar lo que ya viene con problemas.