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Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México con la promesa de una nueva estrategia de seguridad, que permitiera la reducción significativa de los índices de violencia y homicidios. Y aunque la historia reciente de su país estuviera duramente marcada por los carteles del narcotráfico -que han logrado incluso sitiar estados enteros-, para el mandatario ya no era “fundamental” la captura de los capos.

“¿Se acabó la guerra contra el narco?” le preguntaron a inicios de este año en una conferencia de prensa, a lo que López Obrador respondió: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”.

Éste es el discurso propio de quienes venden al mundo la imagen de un Estado de Derecho fortalecido gracias a las ideas de equidad y justicia que pregona la izquierda, pero que en realidad cede cada vez más espacios a la ilegalidad.

Por ello, en lugar de lograr una contención real, el crimen organizado continuó con su agenda de expansión territorial y recrudecimiento de actos violentos.

De diciembre de 2018 a agosto de este año, se registraron 25.955 homicidios dolosos -según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- y de continuar esa tendencia, 2019 sería el año más violento de la historia moderna de México.

La falta de autoridad de López Obrador se ve reflejada en los diez meses de su Administración, al tener que padecer la población mexicana diez masacres en estados distintos.

Pero quizá la muestra más desastrosa del fracaso de las políticas de seguridad del líder progresista mexicano, es la denominada ‘batalla de Culiacán’, la operación más torpe y violenta en la gestión de una crisis dentro de su Gobierno; que tenía como objetivo la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo del narcotráfico más conocido del mundo, pertenecientes al Cartel de Sinaloa.

Durante cuatro horas, la capital de Sinaloa fue testigo de cómo la organización criminal puso en evidencia la debilidad del Estado, doblegando a todas las fuerzas federales y estatales.

Bastaron unos minutos, para que la caravana de delincuentes armados, portando chalecos antibalas, atacara al Ejército hasta hacerlo retroceder.

Mientras en redes sociales se difundía una fotografía de la detención de Ovidio Guzmán -sin esposar y con el mentón levantado demostrando superioridad-, 30 soldados y policías antinarcóticos luchaban contra decenas de camionetas “pick-up” con hombres armados con ametralladoras y lanzagranadas.

Rebasado el Ejército por la capacidad violenta de los delincuentes, López Obrador, en lugar de haber enviado desde un comienzo todo su poderío para enfrentar y someter al crimen organizado, amparado en la facultad máxima que le concede la Constitución, ordenó la liberación de Ovidio y se replegó.

El balance de un operativo improvisado y deficiente le costó al país 8 muertos, 16 heridos, 19 bloqueos de calles con camiones, 14 enfrentamientos con sicarios, 8 soldados capturados y luego liberados, 68 vehículos militares con impactos de armas de fuego y un motín en la cárcel de Culiacán, que terminó con la fuga de 45 presos.

Para los narcos esto significó un triunfo irrefutable; mientras para el Gobierno, es el reconocerse impotente y débil ante la fuerza de las armas y la capacidad de desestabilización del narcotráfico; constituyéndose en un motivo de preocupación aún mayor para todo el continente.

El Cartel de Sinaloa no sólo tiene presencia en más de la mitad de los estados de México, sino que además ha logrado hacer alianzas con grupos guerrilleros en Venezuela y en Colombia, negociando con el Clan del Golfo, el EPL y las disidencias de las FARC.

Denuncias recientes indican que miembros de esa estructura delictiva estarían haciendo presencia en el departamento del Cauca, en nuestro país, para reclutar niños e iniciarlos en el crimen organizado con el fin de seguir controlando el narcotráfico en la región.

En menos de un año, uno de los denominados líderes más representativos del progresismo latinoamericano, llevó a que México sea percibido como un Estado derrotado al que le urge una estrategia real de contención.

Evitar que la ‘batalla de Culiacán’ se repita en otros países, es el objetivo común en la lucha por no ceder nuestra soberanía.