
“El país no puede permitir que so pretexto del Acuerdo se desarraigue su historia, se debiliten sus instituciones y se arriesgue el futuro de la democracia acogiendo los ideales de un grupo que cometió́ crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los colombianos”, afirma la precandidata presidencial
Barranquilla, septiembre 28 de 2017.- La Ex Ministra de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y también precandidata presidencial por firmas, Marta Lucía Ramírez, alertó este jueves sobre los riesgos que corren los medios de comunicación de ser censurados y expropiados, si se aprueba la Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social, de acuerdo a un proyecto de Ley elaborado por un grupo autorizado previamente conformado por Foro por Colombia, el Cinep y Viva la Ciudadanía, para diseñar un borrador de Ley Estatutaria que ha venido siendo coordinado por el Ministerio del Interior.
En cartas enviadas al Presidente de la República y los directores de los medios de comunicación del país, Ramírez explica que en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, se acordó que se constituirá una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, quienes organizarían un espacio para que surgiera un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales”.
Según el documento que se discute, adjuntado por la Precandidata Presidencial, se aprecia que los delegados de Foro por Colombia, el Cinep y Viva la Ciudadanía, contemplan en los artículos 81, 82, 88 implementar la expropiación, además de reclamar tener un miembro de las organizaciones denominadas sociales con participación en funciones netamente técnicas como lo son la ANTV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro.
Afirma Martha Lucía Ramírez, que sin publicidad y a espaldas de la sociedad y de los medios de comunicación se creó el borrador de esta ley que “implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública.
Igualmente señala que en ese mismo texto se establece un régimen de censura en la que los miembros de las Farc resultarán intocables e irrefutables, concediéndoles una inmunidad social, a parte de la irresponsabilidad jurídica y política que les provee el Acuerdo.
Reitera su preocupación al decir que “para ejercer la libertad de prensa y de expresión por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política o de apología a la violencia, al odio o a ir en contra del establecimiento constitucional y estatal o por simple ejercicio político, habrá que preguntarles su opinión antes de emitir la noticia y las investigaciones periodísticas tendrán que contar con el aval de los movimientos sociales, so pena de una sanción y del uso del derecho de réplica que involucra actos de carácter público”.
La candidata le pide al presidente Santos que suspenda en el Congreso el trámite de la ley estatutaria que “tan curiosas coincidencias tiene con el estado comunal venezolano y se invite a los medios de comunicación y a los respectivos encargados de las Fuerzas Militares, así como a los representantes de las empresas del sector de comunicaciones y a los de las empresas petroleras y de industrias extractivas a discutir y acordar el texto de ley estatutaria presentada por el Gobierno con el apoyo del CINEP y otros”.
Recordó Martha Lucía Ramírez que este tema ya había sido tratado hace unos 5 años curiosamente pasó desapercibido en el debate mediático del Acuerdo.
Añade la Ex Mindefensa que en los artículos 52 y 53 obliga a que toda información referente a las Farc, deberá ser contrastada antes de su publicación, además de obligar a los medios de comunicación a consultar a las organizaciones sociales y a sus líderes, de no hacerlo se verán sometidos a sanciones. Además dispone del derecho de réplica obligatorio, al igual que cualquier pronunciamiento respecto del tema se deberá retransmitir por todos los demás medios de comunicación.
Prohíbe además a los servidores públicos, brindar información respecto de lo que ellos denominan los grupos sociales, incluidas las Farc, al tiempo que exigen igual trato para los medios que reproduzcan la información que no haya salido de ellos.
Respecto de los medios de comunicación de la Fuerza Pública, “quienes han promovido durante todo el tiempo los valores democrático, se verían sometidos a que estos dieran la versión de ellos abriéndoles los espacios de manera obligatoria, cayendo en una apología mediática de promoción de su ideología muy lejos de quienes han estado en la defensa de la institucionalidad, obligando a la ciudadanía a escuchar, y con ello rompiendo la alianza entre el pueblo y la Fuerza Pública, lo que es totalmente inaceptable” señala Martha Lucía Ramírez.
Finalmente, denuncia que “lo peor de esta denuncia, es que en el Congreso ya hubo una audiencia pública sobre este tema, y no hubo una sola réplica, silencio que según explica Martha Lucía Ramírez, podría venir del desconocimiento del tema y de lo que esta ley significaría tanto para la industria de las comunicaciones y para el oficio del periodismo” que terminaría rindiéndole culto a la ideología de las Farc.