COLUMNISTAS

Durante décadas el país ha tenido que lidiar con una corrupción que se manifiesta tanto en el sector público como privado, esta tiende a ser más evidente y nociva cuando se trata del primero. Por ello, creo firmemente en la lucha contra la corrupción y la defensa de nuestras instituciones.

Estoy convencido de que Colombia puede superar las artimañas de los politiqueros y que este fenómeno tiene solución. Una solución que pasa por ejercer mayor vigilancia sobre nuestros funcionarios, pero no sólo desde los tradicionales organismos de control o entes de la rama judicial, sino desde la propia ciudadanía.

Hace falta que el Estado a través de diferentes mecanismos de rendición de cuentas, informe a las personas sobre en qué andan las diferentes dependencias que le componen y en qué van los procesos que adelantan. Estoy seguro de que los honestos somos más.

El presente escrito es resultado de tres lamentables episodios que protagonizaron el director anticorrupción de la Fiscalía, hoy capturado por corrupción; el secretario de seguridad de Medellín, hoy capturado por nexos con organizaciones criminales y las investigaciones que adelanta el CNE por financiación de Odebrecht a dos campañas presidenciales del 2014.

Siendo lo último bastante indignante porque parece que no pasará nada. Mientras que, en varios países de América Latina este caso ha afectado a muchos funcionarios públicos. Destacando países como Perú y Brasil, donde el ex presidente Ollanta Humala tiene orden de prisión preventiva y una condena de 18 meses y donde el ex presidente Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio de prisión ¿por qué en Colombia no pasa nada?

Como ciudadano preocupado por el estado de la política local, regional y nacional, invito a que los electores estén atentos, porque el año 2018 será decisivo, no sólo por las elecciones presidenciales, sino por las parlamentarias. Creo que es necesario que corruptos, caciques y políticos sin ideas, den paso a figuras públicas diferentes que puedan implementar el cambio que el país tanto necesita.

A Colombia le hace falta más y mayores penas para los funcionarios corrompidos, más y mayores sanciones para las empresas que compran o sobornan servidores públicos, así como una decidida voluntad política que busque acabar con las empresas electorales y defienda las garantías para la participación de los ciudadanos.