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Cuando un empresario debe pagar por una reunión, por una llamada o por la promesa de acceder a un contrato con el Estado, la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse en un sistema. Esa es, precisamente, la gravedad de las revelaciones publicadas por la revista Semana, una investigación que pone bajo la lupa una presunta red de tráfico de influencias que habría operado alrededor de varias entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La investigación periodística expone un voluminoso conjunto de elementos probatorios que incluyen conversaciones de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias, giros de dinero y testimonios de empresarios que aseguran haber entregado más de $600 millones con la expectativa de obtener contratos estatales que finalmente nunca llegaron.

En el centro de las denuncias aparecen Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero, señaladas por los denunciantes de ofrecer acceso privilegiado a ministerios y entidades nacionales, entre ellas los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de la Agencia Nacional de Tierras, Fonsecon y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con la publicación, la presunta organización habría establecido una especie de “tarifario” para gestionar influencia: $1 millón por concertar una reunión, $200 millones para abrir las puertas de determinadas entidades y un supuesto cobro equivalente al 10 % del valor de los contratos que lograran ser adjudicados.

Si tales afirmaciones llegan a comprobarse, Colombia no estaría frente a simples actos individuales de corrupción, sino ante un sofisticado esquema de intermediación ilegal basado en la venta de cercanía con el poder político.

Uno de los aspectos que más inquieta es la mención reiterada en los chats del denominado “jefe de jefes”, expresión que, según los empresarios denunciantes, haría referencia al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que demuestre la participación o el conocimiento del mandatario sobre los hechos denunciados. Precisamente por ello, la responsabilidad penal e institucional deberá establecerse únicamente mediante las investigaciones que adelanten los organismos competentes.

La publicación también involucra a David Trespalacios como presunto intermediario financiero, mientras que las consignaciones bancarias divulgadas buscan demostrar el recorrido del dinero entregado por quienes aseguran haber sido víctimas de una millonaria estafa basada en falsas promesas de contratación pública.

Las revelaciones llegan en un momento especialmente complejo para el Gobierno Nacional, golpeado durante los últimos años por diversos escándalos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, denuncias sobre contratación pública y cuestionamientos al manejo de recursos oficiales. Este nuevo episodio incrementa la presión política sobre la Casa de Nariño y alimenta las exigencias de mayor transparencia en el ejercicio del poder.

Más allá de las consecuencias judiciales que puedan derivarse, este caso vuelve a poner sobre la mesa una vieja enfermedad de la administración pública colombiana: la cultura de los intermediarios que ofrecen influencias, contactos y favores como si el Estado fuera una empresa privada al servicio de unos pocos.

Ahora corresponde a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría y demás autoridades determinar la autenticidad de las pruebas conocidas y establecer si existieron delitos, quiénes participaron y hasta dónde llegaban las presuntas conexiones políticas.

Porque cuando la confianza en las instituciones comienza a cotizarse al precio de una reunión o de un contrato, lo que realmente está en juego no es únicamente el patrimonio público, sino la credibilidad misma del Estado. Colombia necesita respuestas, investigaciones rápidas y decisiones ejemplares. En materia de corrupción, el silencio nunca puede convertirse en la última palabra.