
Sincelejo, 25 de julio de 2026.- El abigeato dejó de ser un delito exclusivo contra la ganadería bovina tradicional. Hoy, las organizaciones dedicadas al robo y sacrificio ilegal de animales han dirigido su atención hacia el creciente sector bufalero del San Jorge sucreño, una actividad que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de municipios como San Marcos, San Benito Abad, Caimito y zonas vecinas de La Mojana.
Los productores coinciden en que las pérdidas ya no son casos aislados. Búfalas reproductoras y animales de alto valor genético desaparecen de los potreros sin dejar rastro. En muchos casos, las denuncias terminan archivadas sin resultados visibles, situación que genera preocupación entre los ganaderos, quienes consideran necesario que la Dirección Seccional de Fiscalías revise el tratamiento que reciben estos procesos para evitar que la impunidad continúe favoreciendo a los delincuentes.
El fenómeno no solo representa un duro golpe económico para los propietarios. Cada búfala robada significa años de inversión en genética, reproducción y producción lechera. Como reza el conocido adagio campesino, “una gota constante perfora la piedra”. Así ocurre con este delito: la desaparición de un animal tras otro termina afectando seriamente la estabilidad financiera de cualquier explotación pecuaria.
La importancia estratégica del búfalo en esta región hace aún más grave el problema. El San Jorge y La Mojana son considerados actualmente una de las principales despensas bufalinas del Caribe colombiano gracias a sus condiciones hídricas y productivas, que incluso proyectan un crecimiento del mercado durante el segundo semestre de 2026.
Frente a esta situación, las autoridades han fortalecido las acciones operativas. El Ejército nacional con el batallón de infantería liviana No 33 Junin, al mando del TC. Jair González Martínez mantiene sus patrullajes de control y registro, así como la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Sucre, bajo el liderazgo del mayor Hernán Darío Padilla Zambrano, viene desarrollando inspecciones en los predios rurales de San Marcos, San Benito Abad y Caimito, además de controles permanentes en plazas de mercado y establecimientos dedicados a la comercialización de carne para verificar su procedencia y combatir el expendio ilegal. Estas estrategias hacen parte de una ofensiva institucional que busca cerrar el paso a las redes dedicadas al carneo y al abigeato.
Información conocida por este medio indica que Ejército Nacional y Policía Nacional mantienen una coordinación y articulación permanente mediante labores de inteligencia e investigación criminal. Las autoridades tendrían identificadas personas, rutas y sectores donde, presuntamente, se estaría sacrificando ganado hurtado.
De acuerdo con fuentes consultadas, uno de los métodos utilizados consiste en movilizar los animales por ciénagas y caños utilizando canoas hasta patios ribereños, donde son sacrificados clandestinamente. Posteriormente, las vísceras y los cueros serían arrojados nuevamente al río para eliminar cualquier evidencia que permita reconstruir el delito. Entre los sectores mencionados dentro de las investigaciones aparecen zonas de los corregimientos de Belén, Cayó De La Cruz, Palo Alto y el barrio Fernán Fortich de San Marcos, como así también algunos puntos de expendio en la plaza de mercado público de San Marcos. Estas referencias corresponden a información objeto de investigación y no constituyen una atribución de responsabilidad penal a personas determinadas.
La preocupación no termina en el robo de los animales. La comercialización clandestina de carne representa además un riesgo para la salud pública, pues muchos de estos productos ingresan al mercado sin controles sanitarios ni inspección veterinaria. La Policía Nacional ha advertido en diferentes regiones del país sobre la necesidad de combatir simultáneamente el abigeato y la distribución ilegal de carne, debido a los riesgos para los consumidores.
Policía Nacional de Colombia
Los antecedentes demuestran que el problema no es nuevo. Durante este año las autoridades han recuperado decenas de reses robadas, desarticulado estructuras criminales dedicadas al abigeato y fortalecido mesas de trabajo con los gremios ganaderos para enfrentar este fenómeno que golpea la economía rural del Caribe. Sin embargo, los productores insisten en que aún queda mucho por hacer para frenar una modalidad delictiva cada vez más organizada.
Desde esta tribuna periodística hacemos un llamado a las administraciones municipales para que intensifiquen los controles sobre expendios de carne en plazas públicas, establecimientos comerciales y puntos clandestinos ubicados en barrios periféricos o de invasión.
Igualmente, resulta indispensable fortalecer la inspección al transporte de productos cárnicos que salen desde la subregión del San Jorge hacia otros municipios.
Mientras tanto, Ejército Nacional y Policía Nacional mantienen el despliegue operacional en la zona rural con el propósito de proteger a los productores y devolver la tranquilidad a una región donde el búfalo representa patrimonio, empleo y desarrollo. El reto ahora será que las investigaciones produzcan judicializaciones efectivas para que los cuatreros dejen de encontrar en la impunidad el mejor aliado para continuar afectando al campo sucreño.
Los ganaderos exigen de la fiscalía nacional la mayor atención y celeridad en los procesos de investigación en curso ya que de nada sirve la efectiva actuación de la fuerza pública donde el aparato judicial no actúa, el abigeato en la región caribe se ha vuelto una actividad delincuencial organizada