
Las renuncias anticipadas de dos congresistas sucreñas vuelven a poner sobre la mesa una incómoda realidad: el poder político regional continúa girando alrededor de los mismos apellidos, mientras las necesidades de la gente siguen esperando respuestas.
En política no basta con ganar elecciones; también existe la obligación moral de honrar la confianza depositada por los ciudadanos. Cuando un dirigente solicita el voto para desempeñar un cargo específico y posteriormente renuncia para aspirar a otro, surge una pregunta legítima: ¿el compromiso era con los electores o con un proyecto personal de poder?
La reciente salida de las representantes a la Cámara Karina Espinosa Oliver y Ana María Castañeda reabre un debate que en Sucre parece repetirse cada cuatro años. Aunque las renuncias se encuentran dentro de la legalidad, resulta imposible ignorar el trasfondo político que las rodea. Todo apunta a que la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo figuran entre los objetivos de quienes hoy abandonan una curul obtenida gracias al respaldo popular.
Lo preocupante no es únicamente la renuncia. Lo verdaderamente inquietante es que estas decisiones parecen formar parte de una dinámica política que se ha vuelto costumbre en el departamento y el pais: los cargos públicos convertidos en trampolines electorales y las instituciones utilizadas como escalones para alcanzar nuevas posiciones de poder.
Karina Espinosa Oliver, hermana del exgobernador, ex candidato presidencial y senador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, deja un paso por el Congreso que muchos ciudadanos recuerdan principalmente por la llamada “Ley Cero Cachos”, una iniciativa que generó más titulares y comentarios que verdaderas transformaciones para las comunidades que la eligieron. Más allá de las intenciones del proyecto, la percepción ciudadana sigue preguntándose cuáles fueron los resultados concretos de su gestión frente a los problemas estructurales que enfrenta el departamento.
Ana María Castañeda, por su parte, esposa del ex congresista y actual diputado Mario Fernández Alcocer, es recordada por impulsar iniciativas relacionadas con la protección y promoción del fandango como patrimonio cultural. Sin desconocer la importancia de preservar nuestras tradiciones, muchos sucreños continúan esperando respuestas más contundentes frente a desafíos como la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el atraso en infraestructura que golpean diariamente a miles de familias.
Sin embargo, el fondo de esta discusión trasciende a estas dos dirigentes. El verdadero problema es un modelo político que parece incapaz de renovarse. En Sucre, con demasiada frecuencia, los cargos cambian de manos, pero los apellidos permanecen. Los mismos grupos familiares continúan ocupando espacios de representación, construyendo una especie de círculo cerrado donde el poder se hereda, se comparte o se intercambia entre allegados.
Es una realidad que muchos ciudadanos identifican como una forma de nepotismo político que termina derivando en prácticas cercanas a la politiquería tradicional. Una dinámica que no necesariamente premia la capacidad, la innovación o el liderazgo emergente, sino la pertenencia a determinadas estructuras familiares o electorales.
Mientras estas prácticas continúen siendo aceptadas con normalidad, será muy difícil hablar de una verdadera transformación política en Sucre. Los jóvenes líderes encuentran enormes barreras para abrirse camino, las nuevas ideas luchan por encontrar espacios y la democracia termina reducida a una competencia entre los mismos sectores de siempre.
La región necesita mucho más que cambios de fotos y nombres en los tarjetones. Necesita una renovación real de liderazgos, nuevas formas de hacer política y dirigentes que entiendan los cargos públicos como una responsabilidad de servicio y no como peldaños dentro de una carrera personal. Saltamos de lo Guerra y Merlano a los Fernández Alcocer, Macea, Acuña entre otros como si la política fuera de apellidos o abolengos.
Al final, la decisión seguirá estando en manos de los ciudadanos. Serán ellos quienes determinen si respaldan nuevamente a quienes hoy abandonan una responsabilidad para buscar otra. Pero también serán ellos quienes definan si Sucre continúa atrapado en el círculo de los mismos apellidos o si decide abrir las puertas a una nueva generación de liderazgos.
Porque la política sucreña difícilmente cambiará mientras el poder siga concentrado en los mismos grupos familiares y mientras algunos cargos públicos sean vistos como simples estaciones de tránsito hacia nuevas aspiraciones electorales. La región merece más que eso. Merece una política que piense primero en el bienestar colectivo y después en los intereses particulares de quienes aspiran a gobernarla.